- Dos cazadores de Don Benito y Maguilla fueron denunciados por abatir dos ciervos en una batida autorizada solo para jabalíes.
- Los hechos ocurrieron el 8 de febrero en una finca de Retamal de Llerena, en el marco del Plan de emergencia cinegética por riesgo sanitario.
- El SEPRONA comprobó la legalidad de la cacería, identificó a organizador y participantes y localizó a los presuntos infractores.
- Se intervinieron dos rifles y se han tramitado infracciones administrativas a la Ley de Caza de Extremadura.
Dos cazadores han sido denunciados por la Guardia Civil tras abatir de forma irregular dos ciervos durante una batida de jabalíes autorizada en la provincia de Badajoz. El caso ha generado atención en el ámbito cinegético extremeño por producirse en una jornada que contaba con permiso expreso, pero limitado únicamente a la caza de jabalíes.
Los implicados, vecinos de Don Benito y Maguilla, participaron en una acción de caza mayor amparada por la normativa autonómica, pero, según la investigación, se habrían saltado las condiciones de la autorización al disparar y dar muerte a dos cérvidos, lo que ha motivado la apertura de un expediente sancionador por infracciones administrativas.
Batida autorizada solo para jabalíes en Retamal de Llerena
La batida tuvo lugar el pasado 8 de febrero en una finca de Retamal de Llerena, en la provincia de Badajoz, dentro del denominado Plan de emergencia cinegética temporal por riesgo sanitario. Este tipo de dispositivos se ponen en marcha para controlar poblaciones de fauna silvestre, en este caso el jabalí, por su posible incidencia en enfermedades que pueden afectar tanto a animales como a explotaciones ganaderas.
La autorización administrativa concedida para esa jornada de caza mayor era, según ha trascendido, exclusiva para la especie jabalí. A pesar de esa limitación expresa, durante el desarrollo de la actividad se habrían abatido dos ciervos, lo que supone una vulneración de las condiciones fijadas en el permiso cinegético concedido por la Junta de Extremadura.
Este marco de emergencia cinegética pretende compatibilizar la actividad de caza con el control sanitario y poblacional, por lo que las especies, los cupos y las zonas autorizadas suelen estar muy tasados. Precisamente por ello, cualquier desviación respecto a lo permitido, como la caza de especies no incluidas, se considera una actuación especialmente grave desde el punto de vista administrativo.
En la finca donde se desarrolló la batida participaban varios cazadores organizados en una acción de caza mayor reglada. Aunque en principio toda la actividad contaba con cobertura legal, la aparición de dos ciervos abatidos levantó las primeras sospechas de que se había sobrepasado el contenido de la autorización.
Según la información recabada, los animales muertos eran dos cérvidos abatidos durante el transcurso de la jornada, circunstancia que, unida a la documentación de la batida, permitió al equipo investigador enlazar los hechos con posibles infracciones de la Ley de Caza de Extremadura.
Actuación del SEPRONA y verificación de la legalidad de la cacería
Dentro de los servicios preventivos en materia de caza, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Azuaga acudieron a la zona para supervisar el desarrollo de la batida. Este tipo de controles son habituales en actividades cinegéticas donde hay un número elevado de participantes y se emplean armas de fuego.
Los agentes comprobaron en primer lugar la existencia legal de la actividad cinegética, verificando la documentación de la batida, los permisos correspondientes y el encaje de la jornada dentro del Plan de emergencia cinegética temporal por riesgo sanitario. Este paso permitió descartar que se tratase de una cacería clandestina.
Durante la inspección de la finca y del resultado de la jornada, el SEPRONA detectó indicios de que se habían abatido dos ciervos, algo que no estaba previsto en las condiciones de la autorización, que solo contemplaba la caza de jabalíes. A partir de ese momento se inició la labor de indagación para determinar qué había ocurrido exactamente y quiénes podrían ser los responsables.
Los guardias civiles identificaron al organizador de la batida y al conjunto de cazadores que participaban en la misma. Con esa información, y tras diversas gestiones, lograron individuar a las personas presuntamente implicadas en los disparos que causaron la muerte de los dos cérvidos.
Según la versión facilitada por la Guardia Civil, la investigación permitió reconstruir el desarrollo de la jornada de caza hasta llegar a la conclusión de que los dos denunciados habrían sido los autores de los disparos que acabaron con la vida de los ciervos, extremo que ambos terminaron admitiendo ante los agentes.
Identificación de los responsables y armas intervenidas
Una vez determinada la posible autoría, el SEPRONA procedió a identificar plenamente a los dos vecinos de Don Benito y Maguilla que habrían abatido a los cérvidos. Se trata de participantes en la batida que, de acuerdo con la investigación, conocían que la autorización solo incluía jabalíes.
Ante la confirmación de los hechos, los agentes intervinieron las armas empleadas en la acción, en concreto dos rifles de caza mayor pertenecientes a los denunciados. La retirada de las armas forma parte de las medidas habituales cuando se investigan infracciones graves en materia de caza.
Además de la intervención del armamento, la Guardia Civil instruyó las denuncias administrativas correspondientes por supuestas infracciones a la Ley de Caza de Extremadura. Los expedientes han sido remitidos a la autoridad administrativa competente, que será la encargada de valorar los hechos y, en su caso, imponer las sanciones.
Las infracciones en este ámbito pueden conllevar multas económicas significativas, posibles limitaciones o retirada de licencias de caza e incluso la imposibilidad de participar en futuras jornadas cinegéticas durante un periodo determinado, dependiendo de la gravedad que aprecie la administración.
En este tipo de procedimientos, la Administración autonómica suele tener en cuenta factores como el grado de intencionalidad, la especie afectada, el contexto de la cacería y si existen antecedentes sancionadores previos. Todos esos elementos servirán para graduar el alcance de la respuesta sancionadora en este caso concreto.
Marco legal de la caza en Extremadura y control de las batidas
La normativa extremeña en materia de caza establece que las jornadas cinegéticas deben respetar estrictamente las especies, los cupos y las modalidades que figuren en la correspondiente autorización. Saltarse esos límites, como cazar fauna no incluida en el permiso, se considera una infracción administrativa que puede ser calificada como grave o muy grave.
En el contexto del Plan de emergencia cinegética temporal por riesgo sanitario, las administraciones autonómicas marcan con especial detalle las condiciones de las batidas, ya que el objetivo prioritario es el control de poblaciones concretas, como la del jabalí, para reducir riesgos de transmisión de enfermedades o daños a explotaciones agrarias.
Por eso, cuando en una jornada de este tipo aparecen especies abatidas que no estaban autorizadas, las autoridades suelen activar mecanismos de control y sanción. No se trata solo de una cuestión de conservación, sino también de garantizar que las medidas excepcionales adoptadas por motivos sanitarios se cumplen tal y como han sido diseñadas.
El SEPRONA mantiene de forma habitual servicios de vigilancia y prevención en zonas donde se celebran monterías, batidas y otras modalidades de caza mayor. Estas actuaciones buscan evitar prácticas ilegales, reforzar el cumplimiento de la normativa y dar respuesta a posibles denuncias o irregularidades detectadas sobre el terreno.
Casos como el ahora investigado ponen de relieve la importancia de que los cazadores conozcan bien el contenido de las autorizaciones que amparan cada jornada, desde las especies permitidas hasta los límites geográficos o los cupos fijados, ya que cualquier exceso puede acabar derivando en sanciones de calado.
Lo sucedido en la finca de Retamal de Llerena ilustra cómo, incluso en batidas organizadas y legalmente autorizadas, la responsabilidad última recae en cada participante, que debe ajustar su actuación al marco legal y a las condiciones concretas del permiso de caza otorgado para ese día.
