- La caza del conejo se regula de forma muy distinta según la comunidad autónoma, con zonas donde se permite todo el año por daños a la agricultura.
- Aragón y Cataluña han establecido regímenes especiales y planes de intensificación cinegética para controlar la sobrepoblación en municipios concretos.
- En Andalucía se cuestionan las medidas excepcionales continuadas, mientras estudios en Castilla-La Mancha alertan de un descenso general de poblaciones.
- El conejo es pieza clave para depredadores amenazados y su gestión debe equilibrar intereses cinegéticos, agrarios y de conservación.
La caza del conejo todo el año se ha convertido en uno de los temas más calientes en el mundo cinegético español, pero también entre agricultores, administraciones y organizaciones ecologistas. Entre plagas que arrasan cultivos, decretos de emergencia, cambios en las órdenes de veda y una especie catalogada como «en peligro», es fácil perderse si solo quieres saber cuándo, dónde y cómo se puede cazar conejos legalmente.
El panorama actual es una mezcla bastante compleja de normativa autonómica, medidas excepcionales y realidad ecológica: en algunas zonas el conejo es considerado auténtica plaga agrícola y se permite su caza durante todos los días del año, mientras que en otras la administración y la comunidad científica alertan de descensos muy acusados de sus poblaciones por enfermedades como la enfermedad hemorrágica vírica tipo 2 (RHDV2). A continuación se desgrana, con detalle y con un lenguaje claro, qué está pasando en distintas comunidades y cómo se está regulando la caza de esta especie.
Caza del conejo en Cataluña: calendario, zonas y limitaciones
En Cataluña, la regulación del conejo de bosque se articula principalmente a través de la Orden de Vedas, que fija cada temporada los periodos hábiles y las particularidades por comarcas. Para la caza menor existe un marco general, pero el conejo tiene un tratamiento muy específico según el territorio, precisamente por los daños que puede ocasionar en la agricultura.
La temporada general de caza menor se abre, de forma orientativa, entre mediados de octubre y comienzos de febrero. En ese periodo se puede cazar conejo en buena parte de Cataluña, siguiendo las normas habituales de seguridad, esfuerzo de caza y respeto a los días hábiles. No obstante, la normativa introduce un buen número de previsiones particulares para adaptarse a las realidades locales.
Una de las figuras clave del mapa catalán son las comarcas del llano de Lleida con autorización casi continua: Garrigues, Pla d’Urgell, Segrià, Urgell y Segarra, además de determinados municipios de la Noguera. En estas zonas, la caza se extiende más allá del periodo general, ya que se considera que la presión cinegética es necesaria para contener los daños agrícolas.
En estos territorios con régimen especial, la administración fija también periodos con restricciones sobre el uso de perros. Entre el 15 de abril y el 14/15 de agosto no se permite emplear perros para la caza del conejo, con el objetivo de proteger las aves que nidifican en el suelo durante la época reproductora. En esa franja, la captura debe hacerse mediante escopeta, hurones, redes y, en su caso, cetrería, siempre con las autorizaciones de los servicios territoriales.
El resto del año, en las comarcas del llano de Lleida se ha flexibilizado enormemente la actividad: el conejo se puede cazar todos los días de la semana en toda la provincia de Lleida salvo en Solsonès y Cerdanya, donde se limita a domingos y festivos no locales. En las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), eso sí, la caza de conejo requiere autorización expresa, sobre todo si se quiere actuar fuera del periodo general de caza menor.
La normativa catalana incorpora además una serie de prohibiciones para proteger especies sensibles y minimizar impactos, como el águila perdicera, cuya zona de nidificación queda vedada a la caza entre finales de enero y finales de mayo, o restringe la cetrería en áreas sensibles; también se destaca la obligación de recoger cartuchos y vainas y la prohibición de abatir zorros en terrenos donde el conejo se controla por daños.
La Generalitat aconseja a los cazadores revisar siempre la resolución oficial de vedas y consultar a sus sociedades de caza o a los departamentos competentes antes de salir al campo, porque muchos de estos regímenes especiales dependen de órdenes anuales (por ejemplo, la Resolución ARP/3127/2025 o similares) que pueden introducir matices o cambios en fechas concretas.
Caza comercial de conejo todo el año: ofertas y reclamos
Al margen de la regulación pública, han proliferado ofertas comerciales de caza prácticamente durante todo el año, dirigidas a cazadores nacionales y extranjeros. Un ejemplo típico son los programas de caza en grandes reservas privadas, como los que se ofertan en la provincia de Ciudad Real, donde se explota cinegéticamente la abundancia de conejo montés en vastas llanuras agrícolas.
En este tipo de propuestas, se estructuran periodos de caza muy concretos según la modalidad: con perros al rastro o al acecho en unos meses, con hurón al encame o en la madriguera en otros, e incluso con combinaciones de varios sistemas. La idea es mantener la actividad prácticamente ininterrumpida, respetando la normativa sobre vedas y autorizaciones de la comunidad autónoma, pero ofreciendo al cliente la sensación de que siempre hay un momento idóneo para ir tras el conejo.
Los paquetes habitualmente incluyen varios días de caza y alojamiento en régimen de pensión completa, uso de perros y hurones de la propia organización, asistencia de guardas de campo y gestión de las piezas abatidas. Se garantizan cupos diarios relativamente altos, con precios cerrados que pueden rondar cifras medias-altas por persona, a lo que hay que añadir licencias, seguros y, en caso de desearlo, piezas extra una vez superada la cuota incluida.
Este tipo de caza comercial se apoya en la idea de que el conejo es una especie abundante y dañina para cultivos extensos en llanuras de cereal, viñedo y leguminosas. Por ello, se presenta al cazador como una oportunidad de disfrutar de jornadas intensas y, al mismo tiempo, colaborar con el control de una población considerada problemática por muchos agricultores, siempre y cuando se respeten los cupos y la normativa autonómica vigente. Daños agrícolas y gestión van, en este discurso, de la mano.
Los organizadores insisten en que el cazador debe acudir con la documentación en regla (licencia de armas, permisos de caza de la comunidad correspondiente, seguro de responsabilidad civil, documento de identidad) y recomiendan informarse con antelación sobre las fechas exactas permitidas para cada modalidad, ya que los cambios legislativos pueden alterar algunos de los periodos anunciados.
Aragón: Decreto-Ley para intensificar la caza del conejo
En Aragón, la sobrepoblación de conejo en ciertos municipios ha llevado a la aprobación de un Decreto-Ley específico para intensificar su control cinegético. El problema se concentra en 118 términos municipales incluidos en un anexo del Plan General de Caza, donde los daños agrícolas se han considerado «desproporcionados y de extrema gravedad».
Los conejos, en esas zonas áridas, pueden consumir cultivos de cereal desde la germinación hasta la espiga, roer cortezas de frutales y viñas hasta secarlos, y competir directamente con la ganadería extensiva: se estima que dieciséis conejos equivalen al consumo de una oveja de carne en campo. Esta presión ha llevado a algunos agricultores a abandonar la siembra de grandes superficies porque ya no les sale rentable.
El Decreto-Ley define con claridad su objeto, ámbito territorial y temporal: se dirige exclusivamente a los municipios del anexo II del Plan General de Caza con sobrepoblación de conejo y tiene una vigencia limitada (inicialmente hasta finales de 2021, aunque el enfoque puede repetirse o adaptarse en planes posteriores). Su finalidad es poner en marcha medidas urgentes que vayan más allá de la caza deportiva tradicional, obligando a titularidades cinegéticas e infraestructuras a implicarse.
Los titulares de cotos municipales, deportivos, privados o intensivos ubicados en esos municipios tienen dos opciones obligatorias: o bien redactan y aplican un plan de medidas de intensificación de la caza del conejo presentado mediante declaración responsable ante la administración ambiental, o bien solicitan la intervención del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para que actúe, a través de la Federación Aragonesa de Caza, con cazadores habilitados específicamente para el control poblacional.
El plan de intensificación cinegética debe garantizar una presión de caza elevada y constante, incluyendo, por ejemplo, organizar jornadas de caza al menos 20 días al mes, utilizar todas las modalidades permitidas para el conejo y, si hace falta, invitar gratuitamente a cazadores de fuera del coto para alcanzar los objetivos. Si estas medidas no dan resultado y los daños no disminuyen, la administración obliga al titular a pasar a la segunda opción y que entren en juego los cazadores habilitados externos.
Los cazadores habilitados para el control del conejo forman un registro especial gestionado por la Federación Aragonesa de Caza, pero la habilitación la aprueba la dirección general competente. Estos cazadores deben responder a los llamamientos de los ayuntamientos o de la propia entidad colaboradora y su actuación se centra en parcelas agrícolas afectadas y franjas perimetrales de cien metros, siempre con carácter no lucrativo.
La norma dedica varios artículos a regular el papel de los ayuntamientos y de los titulares de infraestructuras: los consistorios pueden pedir refuerzos de cazadores habilitados, expedir autorizaciones concretas de fechas y lugares, e incluso ordenar su actuación en terrenos no cinegéticos aunque el propietario no lo solicite. Los responsables de carreteras, vías de comunicación u otras infraestructuras en zonas de sobrepoblación deben presentar planes de acción propios para controlar el conejo en sus zonas de seguridad.
En cuanto a las modalidades de caza y captura, el Decreto-Ley aragonés introduce varias particularidades: permite la caza del conejo a la espera en madriguera todos los días del año, obliga al uso de focos de luz artificial en la caza nocturna de conejo para aumentar la seguridad y la eficacia, autoriza la captura en vivo con jaulas-trampa tanto en terrenos cinegéticos como no cinegéticos durante todo el año sin necesidad de licencia de caza y elimina la exigencia de autorización específica para la tenencia de hurones destinados a la caza de conejo.
Para verificar que todo esto funciona, la administración establece sistemas de control con revisiones trimestrales, analizando tanto el número de conejos abatidos o capturados como la reducción real de daños agrícolas. Si los resultados no son satisfactorios, se pueden imponer ajustes o sanciones, incluyendo multas coercitivas mensuales a los titulares de cotos que no cumplan sus obligaciones.
Andalucía: medidas excepcionales y debate ecológico
En Andalucía la situación es distinta, pero igualmente polémica. Desde hace casi dos décadas, la Consejería competente viene aprobando cada año resoluciones que declaran medidas cinegéticas excepcionales por supuestos daños de conejo en numerosos municipios de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, permitiendo su caza prácticamente sin veda durante todo el año.
Estas resoluciones se apoyan legalmente en la Ley de Flora y Fauna de Andalucía y en el Reglamento de Ordenación de la Caza, que contemplan la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias ante situaciones de emergencia cinegética por daños o circunstancias excepcionales. Sin embargo, diversos colectivos ecologistas cuestionan que exista realmente esa emergencia en términos ecológicos y agronómicos.
Según estas organizaciones, los propios datos oficiales de la administración indican densidades medias bajas de conejos en el conjunto de Andalucía, aunque en el pasado sí se registraron zonas concretas con problemas importantes. Sostienen que la Consejería renueva año tras año la declaración de excepcionalidad con una justificación muy débil, basada en la hipótesis de que los daños podrían reaparecer si no se mantiene la caza intensiva.
La crítica principal es que se ha convertido lo extraordinario en rutina, cronificando un régimen de caza sin veda en amplios territorios, sin abordar las causas estructurales del problema. Se señala que, en vez de restaurar hábitats, recuperar vegetación natural en ribazos, vías pecuarias y cauces, o favorecer la presencia de depredadores naturales, se ha optado por sostener un modelo dependiente de la escopeta como herramienta fundamental de gestión.
La paradoja es especialmente llamativa en relación con el zorro y otros predadores: en algunas de las mismas áreas donde se autoriza la caza del conejo todo el año por supuesta sobrepoblación, se incentiva también el control de depredadores, incluyendo la tramitación de una Orden específica para regular la figura del «controlador de predadores cinegéticos» y sus métodos de captura. Desde el punto de vista ecológico, quitar presión de predadores sobre el conejo mientras se afirma que el conejo sobra resulta, como poco, contradictorio.
Los ecologistas reclaman alternativas como la captura y traslocación de conejos desde zonas con densidades altas hacia áreas donde el conejo escasea gravemente y está comprometida la supervivencia de especies amenazadas como el lince ibérico. La idea sería aprovechar esos excedentes para reforzar poblaciones en espacios naturales emblemáticos, siempre con las debidas garantías sanitarias y de manejo.
Además, se llama la atención sobre el hecho de que algunos municipios incluidos en las resoluciones excepcionales albergan territorios de lince ibérico consolidados, como Marmolejo, Lopera o Andújar, lo que en teoría exigiría una gestión muy cuidadosa del recurso conejo para no mermar la base alimenticia de estos grandes carnívoros en peligro.
Castilla-La Mancha: plaga en algunos cotos y descenso global de poblaciones
Castilla-La Mancha representa uno de los grandes escenarios del debate porque combina cotos donde el conejo se ha declarado plaga y se permiten medidas intensivas de control, con una tendencia general de reducción de sus poblaciones en el conjunto de la región, asociada, entre otros factores, a la enfermedad hemorrágica vírica tipo 2 (RHDV2).
Un estudio reciente publicado en la revista European Journal of Wildlife Research ha analizado las tendencias del conejo a partir de datos de capturas declarados en unos 6.000 cotos castellanomanchegos entre 2009 y 2022. La lógica del estudio es sencilla: si se sabe cuántos conejos se cazan por kilómetro cuadrado, se puede inferir la abundancia relativa de la especie a lo largo del tiempo.
Las conclusiones generales apuntan a una disminución significativa de las poblaciones de conejo tanto en áreas declaradas de plaga como en el resto de la región, aunque la magnitud de la caída varía según la zona. El impacto del RHDV2 aparece como una de las causas principales de este declive, acompañado por factores como la despoblación rural, el abandono de ciertas prácticas agrícolas y la proliferación de matorral denso que dificulta el hábitat óptimo del conejo.
El estudio diferencia entre las dos subespecies presentes en España: Oryctolagus cuniculus cuniculus y Oryctolagus cuniculus algirus. Según los datos, ambas han sufrido descensos, pero O. c. cuniculus, más común en el norte y este peninsular, habría experimentado un impacto más duro y una recuperación más lenta que O. c. algirus, predominante en el sur y oeste, que muestra algo más de resiliencia.
A pesar de la solidez aparente del análisis, los autores reconocen importantes limitaciones: no se ha podido controlar la reducción del número de cazadores ni el esfuerzo real de caza durante el periodo de estudio. En Castilla-La Mancha, las licencias de caza habrían caído en casi un 39 % entre 2009 y 2021, lo que podría explicar parte de la reducción en conejos cazados por kilómetro cuadrado sin que necesariamente refleje una caída igual de drástica en la población real.
También se admite que no todos los cotos del área se dedican verdaderamente a la caza del conejo, ya que algunos se orientan casi en exclusiva a la caza mayor. Esto significa que la densidad estimada a partir de capturas puede no representar fielmente la situación en terrenos donde apenas se caza esta especie, o donde los gestores del coto han preferido reducir la presión cinegética pese a declaraciones formales de emergencia.
Los autores sugieren que, en ciertas áreas de emergencia cinegética, la disminución de las capturas podría sobreestimar el declive real de las poblaciones, e incluso plantean que en algunos casos O. c. cuniculus podría estar recuperándose lentamente aunque los datos de caza no lo reflejen por la menor presencia de cazadores en el campo. De ahí que recomienden cautela a la hora de utilizar estas cifras para tomar decisiones tajantes de gestión.
Toda esta información se cruza con el hecho de que el conejo europeo ha sido catalogado como «en peligro» por la UICN, lo que genera un escenario complejo: por un lado, áreas donde se le considera plaga y se promueve su caza intensiva; por otro, un estatus global de amenaza que podría traducirse en futuras restricciones, e incluso en propuestas de prohibición total de su caza en algunos contextos.
Implicaciones para la gestión cinegética y la conservación del conejo
La situación descrita en Cataluña, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha muestra una realidad muy fragmentada, donde el mismo animal puede pasar de ser «demasiado abundante» a estar «en peligro» según el lugar y la mirada con la que se le observe. Esto obliga a pensar la gestión de la caza del conejo con mucho más detalle del que a veces se aprecia en el debate público.
Desde el punto de vista legal, cada comunidad autónoma ha ido construyendo su propio marco de actuación, apoyándose en sus competencias exclusivas en materia de caza, agricultura y medio ambiente. Aragón ha optado por un Decreto-Ley de emergencia con obligaciones muy claras para cotos y ayuntamientos; Cataluña ha articulado un sistema de vedas con regímenes especiales de caza casi todo el año en el llano de Lleida; Andalucía encadena resoluciones excepcionales de caza sin veda; y Castilla-La Mancha vive entre las declaraciones de plaga y las alertas científicas por el descenso global.
A nivel ecológico, el conejo cumple un papel clave como presa principal de numerosos depredadores (lince ibérico, águila imperial, águila perdicera, zorro o multitud de rapaces medianas), además de ser herbívoro fundamental en muchos ecosistemas mediterráneos. Cualquier medida de gestión que ignore esta función puede generar desequilibrios difíciles de corregir a medio plazo.
En paralelo, el peso económico y cultural de la caza de conejo en el medio rural es considerable: da actividad a sociedades de cazadores, genera ingresos a cotos privados, sostiene sectores como la hostelería de caza y forma parte de tradiciones locales muy arraigadas. Una prohibición brusca, si llegara a plantearse, podría tener efectos serios en estas economías y agravar tensiones entre cazadores y agricultores.
Por eso, muchas voces apuntan a la necesidad de modelos de gestión más finos y adaptativos, que combinen el control del conejo donde realmente causa daños graves con la conservación activa de la especie en zonas donde sus poblaciones se han desplomado. Se barajan opciones como la revisión diferenciada del estatus de cada subespecie en la Lista Roja, la posibilidad de reevaluaciones por regiones biogeográficas o el diseño de estrategias de traslocación y refuerzo poblacional con criterios sanitarios estrictos.
Mientras tanto, es previsible que los datos de estudios científicos como el de Castilla-La Mancha sean esgrimidos tanto por sectores cinegéticos como por organizaciones ecologistas, unos para defender la continuidad de la caza como herramienta de gestión y otros para reclamar mayores restricciones. A la hora de utilizar esas evidencias, la clave estará en no perder de vista las limitaciones metodológicas y la diversidad de realidades locales que se esconden detrás de las medias regionales.
El futuro de la caza del conejo todo el año en España va a depender, en buena medida, de la capacidad de integrar intereses agrarios, cinegéticos y conservacionistas, apoyándose en datos sólidos y en normativas flexibles que se ajusten a la situación de cada territorio. Solo así será posible que el conejo siga siendo una pieza importante de la caza menor, sin dejar de ser la especie esencial que necesitan muchos depredadores emblemáticos y sin continuar ocasionando daños inasumibles para los agricultores en las zonas donde verdaderamente se dispara su población.