- ASAJA Castilla-La Mancha prepara una denuncia ante la Fiscalía por los daños del conejo de monte y la falta de medidas eficaces.
- La Junta mantiene la declaración de emergencia cinegética en cientos de municipios, pero las organizaciones agrarias la consideran insuficiente.
- Diputación de Cuenca y sociedades de cazadores impulsan ayudas y controles para reducir la población de conejo y proteger los cultivos.
- Agricultores, cazadores y administraciones reclaman mayor coordinación y datos técnicos para un control real y sostenido de la especie.
La sobrepoblación de conejo de monte en Castilla-La Mancha lleva años generando tensiones en el campo, pero en los últimos meses la situación ha dado un giro más serio: se ha abierto la puerta a la vía judicial, se han activado nuevas ayudas públicas y se han endurecido los controles cinegéticos sobre el terreno. Agricultores, cazadores y administraciones se mueven, cada uno desde su ámbito, para intentar frenar unos daños que muchos califican ya de insostenibles.
En comarcas cerealistas, viñedos, olivares y explotaciones de leñosos, los agricultores denuncian que los conejos arrasan siembras y muerden cortezas, provocando pérdidas económicas recurrentes. Mientras tanto, la Junta mantiene año tras año la figura de emergencia cinegética por daños de conejo en buena parte del territorio regional, una herramienta que, según el sector agrario, no está logrando el efecto esperado sobre las poblaciones de esta especie.
ASAJA lleva a la Fiscalía los daños del conejo de monte
El movimiento más contundente llega de la mano de ASAJA Castilla-La Mancha. El Comité Ejecutivo Regional de la organización afronta el tramo final del procedimiento para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Castilla-La Mancha, con la intención de depurar posibles responsabilidades por la gestión de la plaga y por los graves daños que, según recalcan, soportan los agricultores desde hace más de dos décadas.
El presidente de la organización, José María Fresneda, ha explicado que la idea es trasladar a la Fiscalía todos los hechos recopilados para que se inicie una investigación o diligencias informativas. ASAJA quiere que se valore si la respuesta administrativa ha sido adecuada y si se han cumplido las obligaciones de control y seguimiento de la fauna cinegética que marca la normativa.
En colaboración con su gabinete jurídico, la organización agraria está ultimando expedientes, informes y pruebas para que la denuncia quede registrada de forma definitiva a lo largo de este mes. El objetivo es detallar en ese escrito la magnitud de los daños, su extensión territorial y el impacto económico que aseguran que se acumula campaña tras campaña en explotaciones de cereal, viña, olivar y otros cultivos.
Fuentes de ASAJA inciden en que la organización lleva más de veinte años advirtiendo del problema sin que, a su juicio, se hayan puesto en marcha planes eficaces y sostenidos en el tiempo. Consideran que la situación se ha cronificado, que se repiten los mismos anuncios cada temporada y que los agricultores siguen viéndose “desprotegidos” pese a la sucesión de resoluciones de emergencia.
La emergencia cinegética, en el punto de mira
Uno de los ejes centrales de la crítica de ASAJA es la figura de “comarca de emergencia cinegética temporal” por daños de conejo de monte que declara la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente. Cada año se publican resoluciones en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ampliando o renovando el listado de municipios afectados, pero el campo no aprecia un alivio real sobre las poblaciones de conejo.
La última resolución publicada en el DOCM declara la emergencia cinegética por daños de conejo en 364 términos municipales, 56 más que en la anterior de 2025. El reparto territorial es amplio: 57 municipios en la provincia de Albacete, 30 en Ciudad Real, 107 en Cuenca, 55 en Guadalajara y 115 en Toledo. Para la organización agraria, este aumento de municipios evidencia que el problema no solo persiste, sino que se extiende.
ASAJA sostiene que esta figura se ha convertido en una simple cobertura administrativa que permite flexibilizar la caza del conejo, pero que no viene respaldada por un auténtico plan técnico de control, con objetivos medibles y evaluaciones periódicas. A su juicio, no hay pruebas de que estas declaraciones hayan reducido las poblaciones de conejo ni de que hayan frenado los destrozos en los cultivos.
Además, la organización recuerda que, desde mayo de 2025, viene solicitando de manera reiterada información a la Consejería, amparándose en la Ley 4/2016 de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. Piden conocer con detalle cuáles son los planes de prevención de daños aprobados, qué medidas concretas están previstas, cómo se aplican sobre el terreno y qué resultados han arrojado, pero aseguran que no han recibido respuesta hasta la fecha.
La falta de datos técnicos y de evaluaciones contrastables sobre la eficacia de las medidas es, para ASAJA, una señal de que “no existe un plan real de control, seguimiento ni evaluación de resultados”. En este contexto, la organización insiste en que mantener una estrategia que consideran fallida y poco transparente “solo agrava el problema y deja desprotegidos a los agricultores”, lo que ha terminado empujando al sector a explorar la vía judicial como “mejor camino posible”.
Cuenca impulsa ayudas para el descaste del conejo
Mientras el conflicto se judicializa, algunas administraciones han empezado a poner sobre la mesa medidas económicas y operativas para reforzar el control del conejo de monte. Es el caso de la Diputación de Cuenca, que ha activado una línea de subvenciones específica para apoyar el control poblacional y el descaste de la especie en los municipios incluidos dentro de la emergencia cinegética declarada por la Junta.
La institución provincial ha reservado un presupuesto de 500.000 euros dirigido a sociedades de cazadores y cotos de caza que desarrollan labores de control sobre el terreno. En total, se han remitido comunicaciones a 113 asociaciones y cotos de la provincia para informarles de los requisitos, plazos y actuaciones que podrán financiar con estas ayudas.
Según ha señalado el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, la intención es que las entidades cinegéticas puedan cubrir parte de los gastos derivados de la organización de batidas, aguardos u otros métodos de captura autorizados, de forma que se reduzca la presión sobre los cultivos sin descuidar el equilibrio del medio natural.
Para explicar los detalles de esta línea de ayudas, la Diputación ha convocado una jornada informativa en la Casa de Cultura “Quijotes y Sanchos” de Villamayor de Santiago, donde se abordarán las condiciones de la convocatoria y se buscará implicar también a las organizaciones agrarias, conscientes de que son los agricultores quienes sufren directamente las consecuencias de la superpoblación.
Martínez Chana ha subrayado el compromiso de la Diputación con el sector primario, al que considera uno de los pilares económicos de la provincia, y ha insistido en que el objetivo es colaborar con las medidas ya activadas por el Gobierno regional para intentar rebajar una situación que califica de “muy dañina para nuestros agricultores”.
Sociedades de cazadores: más controles y caza todo el año
En paralelo a las ayudas provinciales, en el ámbito local también se están moviendo fichas. La Sociedad de Cazadores ‘El Miguelete’, en el municipio toledano de Miguel Esteban, ha anunciado una serie de medidas extraordinarias para controlar la población de conejo de monte en su término municipal, aprovechando el marco de la nueva declaración de emergencia cinegética publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tras la finalización de la temporada de caza menor, la entidad tiene previsto solicitar autorización para cazar conejos durante todo el año, siempre que la normativa autonómica lo permita. La idea es que la caza del conejo se pueda practicar los siete días de la semana, dando prioridad a los cazadores locales que estén al corriente del pago de la cuota de la temporada.
En las parcelas agrícolas donde los daños sean especialmente visibles y no haya suficientes cazadores del municipio disponibles, la sociedad permitirá la participación de cazadores externos sin coste para el agricultor, siempre con autorización previa del titular del coto. Para ello, los interesados deberán aportar con antelación su documentación obligatoria: licencia de caza, seguro de responsabilidad civil y permisos de armas en vigor.
La Sociedad de Cazadores ha anunciado además que se intensificarán los controles en el campo para verificar que se cumplen estrictamente las normas impuestas: la autorización se limita exclusivamente a la caza del conejo, sin permitir la captura de otras especies ni la caza de mano. También se ha solicitado a los agricultores que comuniquen formalmente los daños en sus parcelas para poder organizar mejor las actuaciones.
Con estas medidas, ‘El Miguelete’ quiere reforzar su colaboración con el sector agrícola local y adelantarse a un escenario que se repite año tras año. La entidad insiste en la importancia de mantener una comunicación fluida entre agricultores, cazadores y administraciones públicas para minimizar los daños y, al mismo tiempo, preservar el equilibrio cinegético del entorno.
Un sector agrario al límite y a la espera de respuestas
En el trasfondo de todas estas iniciativas late el cansancio acumulado del sector agrario de Castilla-La Mancha, que asegura haber “tocado fondo” con este problema. Organizaciones como ASAJA vienen advirtiendo desde hace años que la superpoblación de conejo de monte se suma a otros frentes abiertos, como los recortes en la PAC o la falta de reciprocidad en los acuerdos comerciales internacionales, lo que tensiona aún más la viabilidad económica de muchas explotaciones.
La posible denuncia ante la Fiscalía marca un punto de inflexión en este conflicto. Si finalmente se formaliza, la Justicia tendrá que analizar la documentación recopilada por la organización agraria y valorar si la actuación de la Administración ha sido adecuada y proporcionada a la dimensión del problema. El proceso, en cualquier caso, podría ser largo, mientras los agricultores continúan afrontando los daños de cada campaña.
En el plano político y administrativo, la declaración de emergencia cinegética sigue siendo la herramienta central del Gobierno regional para responder a la plaga, pero su eficacia real está en entredicho para buena parte del sector. La falta de informes públicos detallados sobre censos de conejo, evolución de daños y evaluación de medidas alimenta la sensación de que se actúa más por inercia que con una estrategia sólida.
A corto plazo, el peso del control recae en buena medida sobre cazadores y titulares de cotos, apoyados ahora por ayudas como las de la Diputación de Cuenca o por la flexibilización de la caza en municipios especialmente afectados. A medio y largo plazo, sin embargo, la mayoría de actores coinciden en que será necesario un enfoque más integral, con planificación técnica, coordinación interadministrativa y seguimiento científico de la especie.
El debate sobre los daños del conejo de monte en Castilla-La Mancha refleja, en el fondo, el choque entre la conservación de la fauna silvestre, la actividad cinegética y la supervivencia de un sector agrario que reclama certezas. Entre denuncias, ayudas y controles en el campo, el reto pasa ahora por convertir la emergencia crónica en un problema gestionable, con medidas claras, datos transparentes y un reparto más equilibrado de esfuerzos y responsabilidades.
