- La sobrepoblación de conejos causa daños millonarios en la agricultura y motiva la declaración de emergencias cinegéticas en varias regiones.
- Las organizaciones agrarias reclaman medidas más contundentes y ayudas urgentes para combatir la plaga y proteger los cultivos.
- Las administraciones autonómicas han aprobado acciones excepcionales como la ampliación de la caza y el control mediante hurones, redes y armas de fuego.
- El control de la población de conejos implica una compleja cooperación entre agricultores, cazadores y administraciones para lograr soluciones efectivas.
La superpoblación de conejos silvestres ha reabierto el debate sobre el equilibrio ecológico y la protección de los cultivos agrarios en distintas regiones de España. Agricultores y asociaciones agrarias llevan tiempo advirtiendo del grave impacto económico que esta especie está generando, convirtiéndose en una de las mayores preocupaciones actuales del sector primario. ¿Dónde viven los conejos?
Durante el último año, el aumento de la densidad de estos animales, especialmente en provincias como Toledo, Albacete, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, ha tenido consecuencias directas sobre las cosechas de cereales, hortalizas y viñedos. Esta sobrepoblación ha sido reconocida oficialmente por las autoridades autonómicas, que han empezado a aplicar medidas excepcionales para intentar frenar el problema.
Alerta agraria y exigencia de medidas urgentes
Las asociaciones de agricultores, como Asaja y La Unión Llauradora i Ramadera, han subrayado la dificultad de controlar una plaga que amenaza la rentabilidad de los cultivos, agravada por la sequía y los fenómenos climáticos extremos. Desde la provincia de Toledo se insiste en que, pese a los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años, la situación se agrava: “Llevamos dos décadas intentando controlar la sobrepoblación y cada vez hay más”
Solo en la Comunidad Valenciana, se cuantifican pérdidas superiores a los 50 millones de euros en 2024 por daños de fauna silvestre, con los conejos como principales responsables. Los agricultores reclaman no cargar exclusivamente con la responsabilidad y exigen ayudas urgentes, limpieza de parcelas abandonadas y una mayor implicación de las administraciones públicas.
Nuevas resoluciones y procedimientos excepcionales
Ante la presión social y el impacto económico, varias comunidades autónomas han declarado la “emergencia cinegética” en territorios especialmente afectados. Andalucía, por ejemplo, ha autorizado la aplicación de medidas cinegéticas extraordinarias para controlar las poblaciones de conejo silvestre. El Boletín Oficial de la Junta recoge que estas acciones están limitadas a terrenos con un Plan Técnico de Caza y se centran en municipios donde la densidad de conejos compromete la productividad agraria.
Las resoluciones contemplan desde la captura en vivo mediante hurones y redes -considerada la técnica menos invasiva- hasta el empleo de armas de fuego en periodos y días concretos, así como el uso de aves de cetrería. Además, se permite el traslado de ejemplares para repoblación, el consumo propio y, como novedad en algunas comunidades, su comercialización bajo unos requisitos sanitarios específicos.
En Castilla-La Mancha, la declaración de emergencia cinegética afecta a cientos de municipios y permite ampliar los periodos de caza, el empleo de diferentes métodos de captura y la necesidad de comunicación previa a la administración, estableciendo además límites en el número de personas cazadoras y controles sanitarios.
Desafíos para los agricultores y demandas de ayuda pública
Las organizaciones agrarias consideran insuficientes las medidas recientes y piden mayor flexibilidad para la caza durante todo el año, sin limitaciones temporales. Solicitan también la instalación de vallas, la limpieza de parcelas abandonadas y métodos adicionales de control, como el empleo de químicos o barreras físicas, para reducir la presión sobre los cultivos.
El sector agrícola solicita subvenciones directas para los ayuntamientos que permitan abordar tanto la limpieza como el desbroce de terrenos, actuando sobre el hábitat de los conejos y previniendo así su rápida reproducción. Insisten en que la lucha contra la plaga debe ser una responsabilidad compartida y no recaer únicamente sobre agricultores y cazadores.
Control coordinado y seguimiento de resultados
Todas las actuaciones excepcionales deben ser comunicadas a las delegaciones territoriales con antelación, detallando lugar, método y participantes. Los titulares de los cotos y las administraciones implicadas están obligados a remitir informes anuales sobre el número de animales capturados, las técnicas empleadas y la eficacia de las medidas adoptadas.
Este control y transparencia buscan garantizar que las intervenciones no afecten negativamente a otras especies ni generen nuevos desequilibrios en los ecosistemas rurales. Además, se evalúa la posibilidad de controlar depredadores oportunistas, como el zorro, en zonas especialmente afectadas.
Para concluir, la situación obliga a mantener una estrecha colaboración entre administraciones, asociaciones agrarias y cazadores para proteger la agricultura frente al avance de la plaga. La eficacia y rapidez en la aplicación de estas medidas son fundamentales para afrontar la crisis.
