- Graves deficiencias y sanciones han salido a la luz tras varias inspecciones en la macrogranja Avícola Son Perot, en Llucmajor.
- El Gobierno de Baleares ha impuesto una multa de 200.100 euros por siete infracciones graves y una leve relacionadas con condiciones higiénicas y bioseguridad.
- Organizaciones animalistas y vecinos denuncian el maltrato animal y los fuertes olores y plagas que afectan a la zona.
- La presión social y mediática ha provocado la apertura de diligencias judiciales por presunto maltrato animal y la clausura temporal de una nave con casi 20.000 gallinas.
La situación que se vive actualmente en la macrogranja avícola situada en Llucmajor, Mallorca, sigue generando una enorme inquietud entre el vecindario y una intensa polémica en la opinión pública. La aparición de imágenes y testimonios sobre las condiciones de vida de las gallinas, marcadas por la falta de higiene y el hacinamiento, ha desencadenado protestas vecinales, intervenciones administrativas y la actuación de colectivos de defensa animal.
A raíz de varias inspecciones realizadas por el Govern balear, se han evidenciado deficiencias muy graves en la gestión de la granja, tanto a nivel sanitario como de bienestar animal. El expediente sancionador recoge hasta siete infracciones graves y una leve cometidas por la empresa explotadora de la macrogranja, Avícola Son Perot S.A., lo que ha supuesto la imposición de una multa que puede ascender a los 200.100 euros. Esta sanción podría verse reducida si la empresa opta por el pago voluntario anticipado.
Entre los hechos más preocupantes figuran la presencia de cadáveres de gallinas no retirados durante días, fallos graves en el aislamiento y en los protocolos de limpieza, la coexistencia de aves vivas junto a animales muertos y problemas de plagas de roedores en la instalación. Todo ello ha implicado, además, el cierre temporal de una de las naves donde se encontraban cerca de 20.000 gallinas camperas, procedimiento que en la práctica puede suponer el sacrificio de todos los animales de dicha nave. Los informes técnicos también señalan deficiencias en el registro de actividad y una falta sistemática de medidas de bioseguridad, con pediluvios sin limpiar y una ausencia casi total de control higiénico en accesos y equipos.
Indignación vecinal y problemas de convivencia
El mal olor persistente, descrito por los residentes como “hedor a animal muerto dentro de casa”, y la aparición masiva de moscas han convertido la vida diaria de cientos de personas en un calvario. Vecinos, comerciantes y quienes se dedican a actividades turísticas en el entorno han puesto el grito en el cielo, advirtiendo que la situación es insalubre y afecta gravemente su calidad de vida y la economía local. Algunos propietarios de alquiler vacacional incluso han perdido reservas debido a la imposibilidad de garantizar una estancia sin molestias.
Los afectados han creado una plataforma ciudadana que reclama una solución a las administraciones. Aunque no piden el cierre inmediato de la explotación, sí exigen un plan serio de desescalada para su clausura y denuncian la pasividad de los poderes públicos durante años. Además, han contratado a un abogado y presentado numerosas alegaciones administrativas y denuncias formales, algunas de ellas ya en la vía judicial.
Reacciones de las autoridades y de la empresa
Por parte de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, se justifica que todas las intervenciones y decisiones han estado respaldadas por informes técnicos. Los responsables políticos defienden que la sanción impuesta es proporcional a la gravedad de los hechos y que se encuentra dentro del marco legal permitido. Sin embargo, organizaciones animalistas consideran las medidas insuficientes y piden el cierre total de la granja, a la vez que critican duramente la falta de disuasión real frente a los incumplimientos reiterados de la empresa.
Avícola Son Perot S.A., gestora de la macrogranja, ha evitado hacer declaraciones públicas tras la resolución del expediente. Según la normativa, dispone de un breve plazo legal para presentar alegaciones o recurrir la sanción, aunque por el momento no se ha pronunciado sobre la aceptación o la impugnación de la multa.
Las autoridades y la presión social exigen acciones concretas
El caso no solo se dirime en el ámbito administrativo. El Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha abierto diligencias por un posible delito de maltrato animal, después de recibir una denuncia acompañada de los informes veterinarios y las imágenes difundidas por asociaciones. El Seprona de la Guardia Civil se encarga ahora de recabar información y esclarecer los posibles delitos cometidos en la explotación.
Veterinarios y expertos han advertido de que el estado de las gallinas refleja estrés, enfermedades, desplume por hacinamiento y la presencia de parásitos, lo que pone en riesgo su salud y puede incluso suponer un peligro para la sanidad pública. Las organizaciones como ARDE y Satya Animal han dado visibilidad a la situación y presionan para que la administración tome medidas más drásticas.
Mientras tanto, la actividad en la macrogranja sigue condicionada por la intervención de las autoridades y la creciente presión social. Los vecinos, cansados de esperar respuestas, continúan organizándose y no descartan nuevas acciones legales. La macrogranja de Llucmajor se ha convertido, en definitiva, en el foco de un debate mucho más amplio sobre el futuro de la producción avícola intensiva, el bienestar animal y la convivencia con las comunidades locales.
