- Proyecto en información pública: granja avícola en San Clemente con capacidad para 1.080.000 ponedoras, promovida por Rujamar.
- Colectivos presentan alegaciones por riesgos sanitarios y ambientales: gripe aviar, emisiones de amoníaco, distancias a viviendas y agua.
- Se solicita moratoria a la ganadería intensiva y medidas como reducir densidades, cerrar granjas próximas a núcleos y recortar la cabaña.
- Antecedente: en 2021 se frenó un proyecto de 1,5 millones de aves en el municipio tras una amplia oposición social.
El proyecto para levantar una macrogranja de gallinas ponedoras con más de un millón de animales en San Clemente (Cuenca) avanza en la fase de información pública y ha encendido las alarmas de organizaciones ecologistas y plataformas vecinales. La iniciativa, impulsada por el Grupo Avícola Rujamar, prevé una capacidad total de 1.080.000 aves en un complejo de gran escala, similar a la macrogranja de gallinas de Llucmajor.
Colectivos como Greenpeace y la plataforma local Stop Macrogranja han presentado alegaciones formales ante el Ayuntamiento solicitando la suspensión del expediente o, en su defecto, la denegación de la calificación urbanística y de la licencia de obra, al entender que concurren factores de riesgo sanitario y ambiental, además de carencias en la documentación aportada.
Riesgos sanitarios y ambientales señalados
El contexto epidemiológico es particularmente delicado: en España se han sacrificado más de dos millones de aves por gripe aviar en los últimos episodios, incluido un foco reciente en una explotación con 727.251 gallinas en Valladolid. A ello se suma el fuerte golpe de 2022, cuando el virus llegó a mamíferos, y las alertas internacionales por casos masivos en Estados Unidos que han afectado al mercado de huevos e incluso han detectado el patógeno en leche de vaca. Este contexto plantea retos de regulación y sanidad de las gallinas ponedoras.
Según las alegaciones, la elevada densidad animal en instalaciones de este tipo puede favorecer la propagación de patógenos, por lo que se reclama reducir cargas por superficie siguiendo las recomendaciones de la EFSA. En palabras de Greenpeace, estas explotaciones representan una amenaza latente para la salud pública en un momento de repunte del virus, un riesgo que consideran evitable si se corrige el modelo.
En el plano ambiental, las organizaciones inciden en las emisiones de amoníaco, un gas con efectos nocivos sobre la calidad del aire, del agua y del suelo. Apuntan que el volumen asociado a una granja de esta escala podría situarla entre las más problemáticas del país por su potencial contaminante, por lo que exigen garantías reforzadas y límites estrictos.
Entre las medidas reclamadas figura un paquete de actuación urgente para frenar la ganadería industrial: moratoria a nuevos proyectos y ampliaciones, rebaja de densidades en explotaciones activas, cierre de granjas intensivas próximas a núcleos urbanos y un plan para reducir en un 50% la cabaña intensiva de aquí a 2030, priorizando sistemas extensivos y ecológicos.
Las alegaciones también ponen el foco en los costes derivados de los sacrificios por enfermedad, ya que las indemnizaciones públicas tras los brotes suponen un impacto económico que, según los colectivos, evidencia la fragilidad del actual modelo productivo.
Impacto en el municipio y estado de los trámites
En el ámbito local, las plataformas señalan que el expediente no acredita de forma concluyente el cumplimiento de la distancia mínima a viviendas. Citan la proximidad a asentamientos como las Casas de las Monjas y otras viviendas tradicionales, circunstancia que a su juicio contraviene la normativa de protección de núcleos habitados y genera preocupación entre los vecinos.
El capítulo del agua es otro de los puntos calientes: el proyecto estima un consumo anual de 85.000 m³ de agua y, según las alegaciones, no consta autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La alternativa planteada mediante camiones cisterna desde la red municipal se considera inviable a medio plazo, incrementa la huella de carbono y añade riesgos de tráfico y saturación de caminos rurales.
En materia de autorizaciones ambientales, los colectivos sostienen que el complejo supera los umbrales que exigirían una evaluación de impacto ambiental ordinaria antes de cualquier otra licencia. Además, critican que se haya solicitado calificación y licencia urbanística sin disponer de una evaluación concluyente, algo que reclaman subsanar para garantizar la seguridad jurídica y técnica.
La iniciativa ha reavivado un antecedente reciente: en 2021 se planteó en el mismo municipio una instalación para 1,5 millones de aves que quedó en suspenso tras un intenso rechazo social, con más de 40.000 firmas recogidas. Greenpeace afirma haber registrado ahora un documento con varias alegaciones (hasta ocho) y solicita denegar el proyecto de forma inmediata.
Desde la plataforma Stop Macrogranja de Gallinas de San Clemente se subraya que la propuesta incluiría gallinas en suelo y en jaula y que ya trabajan en nuevas acciones informativas y de participación. Radio Azul ha intentado recabar la versión del Ayuntamiento sin éxito, mientras el expediente continúa en exposición pública.
A la espera de resoluciones administrativas, el proyecto se encuentra bajo lupa por su dimensión, su consumo de recursos y el contexto sanitario. Las partes críticas piden que se suspenda o se deniegue la calificación urbanística si no se corrigen las carencias detectadas, y abren un debate más amplio sobre el modelo ganadero que Castilla-La Mancha y España deben impulsar en los próximos años.
