- Autorizada una explotación avícola en San Clemente con hasta 997.500 aves y sistema sin jaulas.
- La granja, promovida por Rujamar, aspira a ser de las mayores de España en producción de huevos.
- Colectivos ecologistas y plataformas vecinales alertan sobre emisiones, agua y cercanía a espacios protegidos.
- El proyecto llega tras años de tramitación y ajustes técnicos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La futura granja de casi un millón de gallinas en San Clemente, en plena Mancha conquense, se ha convertido en uno de los proyectos agroganaderos más comentados de Castilla-La Mancha. La instalación, promovida por el Grupo Avícola Rujamar, nace con vocación de ser uno de los complejos de producción de huevo más grandes de España y ha superado ya el filtro ambiental de la Junta.
Al mismo tiempo, la macrogranja ha desatado una oleada de críticas por parte de colectivos ecologistas y plataformas vecinales, que la señalan como un ejemplo paradigmático de ganadería industrial intensiva, con posibles impactos sobre la calidad del aire, los recursos hídricos y el entorno natural de la zona. Mientras la Administración regional defiende que cumple los requisitos legales, los detractores se preparan para seguir batallando en los despachos.
Una explotación con capacidad para casi un millón de aves
La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha ha concedido a Rujamar la autorización ambiental integrada para levantar una explotación avícola en el término municipal de San Clemente (Cuenca). Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el complejo se ubicará en el paraje conocido como Hoya Cabrera, en una zona rural alejada de los núcleos urbanos.
La instalación está diseñada para albergar 810.000 gallinas ponedoras y 187.500 aves de recría, lo que suma una capacidad máxima cercana a las 997.500 aves. Con estas cifras, las fuentes del sector sitúan el proyecto entre las explotaciones de gallinas ponedoras de mayor tamaño del país, tanto por número de animales como por volumen de producción anual de huevos.
El diseño del complejo se articula en ocho grandes naves avícolas: seis de ellas se destinarán a la fase de puesta, con un aforo de 135.000 gallinas cada una, mientras que otras dos se reservarán a la recría de pollitas, desde su llegada con un día de vida hasta que se incorporen a la producción. Esta distribución permite separar claramente las etapas de crecimiento y puesta, algo habitual en las granjas de gran escala.
La cifra prevista de aves de recría no es casual: la empresa tuvo que reducir la capacidad inicialmente planteada tras un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que analizó la disponibilidad de recursos hídricos y el posible impacto de la instalación sobre la cuenca. Ese recorte constituye el principal ajuste técnico realizado sobre el proyecto desde sus primeras versiones.
Desde la Junta se subraya que, de acuerdo con la resolución ambiental, las parcela’s se encuentran a unos 4 kilómetros de la población más cercana, Casas de Roldán, y que el cauce fluvial más próximo se sitúa a unos 8,5 kilómetros. La Administración regional insiste en que, según sus informes, la granja no afecta directamente a ningún espacio natural protegido dentro del inventario autonómico.
Un modelo en aviario multinivel y sin uso de jaulas
La macrogranja de San Clemente se ha proyectado bajo un sistema de alojamiento en aviario de varios niveles, un modelo que prescinde de las jaulas convencionales. Las gallinas se moverán en estructuras con diferentes alturas, de manera que la producción se realizará mediante huevos en suelo, en línea con la tendencia creciente del mercado europeo hacia sistemas percibidos como más respetuosos con el bienestar animal.
Este enfoque responde también a las exigencias de los grandes distribuidores y a la normativa comunitaria, que progresivamente está acotando el uso de jaulas en la producción de huevos. Para empresas como Rujamar, la apuesta por el aviario multinivel permite adaptarse a los nuevos requisitos sin renunciar a la escala industrial.
El ciclo productivo comenzará con la recepción de pollitas de un día en las naves de recría, donde permanecerán hasta alcanzar aproximadamente las 17 semanas de edad. Es en ese momento cuando las aves alcanzan la madurez sexual y pasan a ocupar las naves de puesta, preparadas específicamente para la etapa de máxima producción.
Una vez en las naves de puesta, las gallinas completarán un ciclo de producción que se prolonga entre 52 y 80 semanas, según los parámetros de manejo de la explotación. Para mantener la regularidad del volumen de huevos, se prevé una tasa de reposición anual cercana al 60%, es decir, cada año se renovará más de la mitad de los lotes para incorporar nuevas ponedoras.
Más allá de las naves avícolas, el proyecto incluye un centro de procesamiento del huevo, donde se llevará a cabo la clasificación, envasado y preparación para su distribución. El complejo contará además con silos de almacenamiento de pienso, vestuarios para el personal, viviendas para los granjeros y otras dependencias auxiliares, de forma que el conjunto funcione como un auténtico polo industrial autosuficiente dentro de la cadena del huevo.
Rujamar, un grupo con larga presencia en la provincia de Cuenca
El promotor de la macrogranja, el Grupo Avícola Rujamar, no es una empresa recién llegada al sector. La compañía inició su actividad en 1984 y ha ido tejiendo con el tiempo una red de instalaciones en diferentes puntos de la provincia de Cuenca, consolidándose como uno de los actores destacados en el ámbito de la producción de huevo a nivel nacional.
En la actualidad, Rujamar dispone de centros de trabajo en San Lorenzo de la Parrilla, Saelices y Honrubia, todos ellos dentro del ámbito conquense. Además, la empresa mantiene otros proyectos de expansión en la capital de la provincia y en el propio municipio de San Clemente, lo que pone de manifiesto su apuesta por concentrar una parte importante de su capacidad productiva en esta zona de la Mancha.
La iniciativa para levantar la granja de San Clemente comenzó a gestarse en 2018, cuando la empresa adquirió los terrenos en Hoya Cabrera. Desde entonces, el proyecto ha atravesado un largo recorrido administrativo, con distintos trámites ambientales y sectoriales, hasta obtener la luz verde de la Consejería de Desarrollo Sostenible reflejada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
En el ámbito empresarial, la nueva explotación se concibe como una pieza clave en la estrategia de crecimiento y modernización de Rujamar, que busca reforzar su presencia en el mercado del huevo procedente de sistemas sin jaulas. El complejo de San Clemente está llamado a concentrar una parte sustancial de la producción del grupo, que aspira a ampliar su cuota en España y otros mercados europeos.
El peso de esta macrogranja en el sector no solo se medirá en número de gallinas. Según los datos difundidos por las organizaciones críticas con el proyecto, la instalación podría llegar a producir alrededor de 235 millones de huevos al año, una cifra que ilustra la dimensión industrial de la iniciativa y su potencial impacto en la oferta de huevo a nivel estatal.
La otra cara del proyecto: críticas ecologistas y preocupación vecinal
Desde el mismo momento en que se conocieron los planes de Rujamar, la macrogranja de San Clemente ha estado rodeada de polémica ambiental y protestas vecinales en parte del territorio. Diversas organizaciones y plataformas vecinales han cuestionado la conveniencia de autorizar una explotación de esta magnitud en un contexto de crisis climática y de presiones crecientes sobre los recursos naturales.
La Coordinadora Stop Ganadería Industrial, que integra a entidades como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigas de la Tierra, ADDA y otras asociaciones, ha sido una de las voces más activas contra el proyecto. Junto a la plataforma vecinal «STOP macrogranja de gallinas de San Clemente, Casas de Los Pinos y Villarrobledo», han expresado en varias ocasiones su «máxima indignación y estupefacción» ante la concesión de la autorización ambiental integrada.
Estos colectivos consideran «inadmisible» que, tras el sacrificio de millones de aves por los brotes de gripe aviar en Europa y en un escenario de emergencia climática, se impulse lo que califican como un «proyecto de dimensiones faraónicas». A su juicio, instalaciones de este tipo representan el modelo de ganadería industrial intensiva que buscan frenar, por sus efectos sobre el medio ambiente y la salud pública.
Uno de los argumentos centrales de la crítica se refiere a las emisiones de amoniaco, un gas asociado a la descomposición de los excrementos de las aves, que puede contribuir a la contaminación atmosférica y provocar problemas respiratorios si se acumula en determinadas condiciones. Según las estimaciones difundidas por la propia promotora y recogidas por los ecologistas, la granja generará más de 1.000 toneladas de gallinaza al mes, lo que, gestionado inadecuadamente, podría convertirla en una de las explotaciones de gallinas más contaminantes de España en términos de amoniaco.
La preocupación no se limita al aire. Las organizaciones ecologistas han alertado también de los riesgos sobre la calidad del agua en el acuífero Rus-Valdelobos, una masa de agua subterránea que ya presenta problemas de sobreexplotación y contaminación en algunas zonas. Temen que la gestión de purines y la demanda hídrica del complejo agraven una situación que califican como «ya deficiente» en varias partes de la cuenca.
Agua, biodiversidad y gripe aviar: los otros frentes abiertos
El debate en torno a la macrogranja de San Clemente también se ha trasladado al terreno de la gestión del agua. Las organizaciones críticas han anunciado que presentarán alegaciones en el proceso de participación pública abierto por la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de agua necesaria para el funcionamiento de la explotación.
La tramitación de esa concesión es clave, ya que cualquier explotación intensiva de aves requiere un volumen significativo de agua tanto para consumo animal como para limpieza de instalaciones y manejo de residuos. Los ecologistas ponen el foco en la situación de estrés hídrico que vive buena parte de la España interior y cuestionan la idoneidad de autorizar una demanda adicional de esta magnitud en la zona.
Otro punto de fricción tiene que ver con la proximidad del proyecto a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de San Clemente. Los colectivos ecologistas sostienen que la macrogranja se situará a unos 700 metros de este espacio incluido en la Red Natura 2000, lo que, a su juicio, podría incrementar el riesgo de transmisión de enfermedades como la gripe aviar desde aves silvestres hacia la cabaña doméstica.
Para estas organizaciones, las macrogranjas son una «bomba de relojería» sanitaria, especialmente en un contexto en el que la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud vienen alertando sobre el potencial de determinadas zoonosis. Argumentan que la concentración de casi un millón de aves en un mismo punto aumenta la vulnerabilidad frente a este tipo de episodios y podría obligar, en caso de brote, a sacrificios masivos con fuertes costes económicos y ambientales.
Además de las acciones frente a la Confederación Hidrográfica, la Coordinadora Stop Ganadería Industrial y otras entidades han avanzado su intención de presentar alegaciones al Real Decreto estatal que regulará la ordenación de las explotaciones ganaderas. Buscan influir en el marco normativo general para introducir límites más estrictos a la implantación y ampliación de este tipo de macroinstalaciones.
Desde la Administración regional, por su parte, se recalca que la autorización ambiental se ha concedido tras analizar informes técnicos sobre emisiones, ruidos, gestión de residuos y afecciones al entorno, y que el proyecto, tal y como está planteado, «no afecta a ningún espacio natural protegido» según la cartografía oficial autonómica. No obstante, el contraste entre esta lectura institucional y las advertencias de los colectivos ecologistas mantiene viva la controversia.
La macrogranja de San Clemente se ha convertido así en un símbolo del choque entre dos modelos de desarrollo del medio rural: por un lado, el que apuesta por grandes instalaciones intensivas como vía rápida para generar empleo y actividad económica; por otro, el que reclama un enfoque más distribuido y con menor carga ambiental. Lo que ocurra finalmente con este proyecto será observado con lupa tanto en Castilla-La Mancha como en otras regiones europeas donde se debate el futuro de la ganadería industrial.
Todo este proceso deja sobre la mesa un escenario complejo en el que una de las mayores granjas de gallinas de España avanza en su tramitación con el respaldo de la Administración regional y el empuje empresarial de Rujamar, mientras persisten las dudas sobre su impacto real en el aire, el agua, la biodiversidad y la salud pública de la comarca. La combinación de cifras millonarias de producción, un modelo sin jaulas pero intensivo y una fuerte contestación social apunta a que esta instalación seguirá en el centro del debate sobre la ganadería industrial en España durante los próximos años.
