- El MITECO ha pedido a las comunidades una actualización urgente del censo del lobo tras incendios y extracciones recientes.
- La falta de envío del informe sexenal del lobo a Bruselas ha provocado un expediente de infracción de la Comisión Europea.
- Organizaciones agrarias como ASAJA reclaman datos oficiales y verificados para compatibilizar conservación y ganadería.
- Asturias y otras CCAA defienden sus propios censos y cuestionan que el Ministerio impulse un recuento paralelo de la especie.
El debate sobre el censo del lobo en España ha entrado en una fase especialmente delicada, con el Gobierno central, las comunidades autónomas, las instituciones europeas y el sector ganadero cruzando datos, reproches y exigencias. La discusión ya no es solo cuántos lobos hay, sino quién decide cómo contarlos y qué consecuencias legales y de gestión se derivan de esas cifras.
En medio de los incendios forestales de agosto de 2025, el aumento de ataques al ganado y la presión política de los territorios más afectados, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha optado por frenar el envío del informe oficial a la Unión Europea hasta tener un panorama que considere científicamente sólido. Esta decisión ha generado un fuerte malestar en algunas comunidades y en las organizaciones agrarias.
El MITECO reclama una actualización urgente del censo del lobo
El Ministerio ha solicitado a las comunidades autónomas una puesta al día de los datos sobre la población de lobo ibérico, al considerar que el escenario ha cambiado de forma notable en los últimos meses. Los grandes incendios de agosto de 2025 en zonas tradicionalmente loberas y las extracciones autorizadas por varios gobiernos autonómicos habrían alterado la distribución y el tamaño de las manadas.
Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el objetivo es que el próximo informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo cumpla con el «máximo rigor científico» y recoja todas las variables recientes que puedan haber tenido impacto sobre la especie. Aagesen insiste en que los datos que tienen sobre la mesa no siempre responden a los criterios técnicos pactados y avalados tanto por el propio Ministerio como por la Comisión Europea.
Por ahora, las comunidades no han remitido la actualización solicitada del censo, pero el Ministerio ya ha trasladado a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, que en breve le enviará una carta detallando «todo el contexto y toda la situación». En esa comunicación se explicarán las razones por las que todavía no se ha remitido el informe consolidado a Bruselas.
Durante una visita al Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en Segovia, Aagesen volvió a recalcar que el Gobierno quiere contar con una fotografía lo más precisa posible de las poblaciones de lobo antes de cerrar el documento sexenal. Esta cautela se justifica, según el Ministerio, en «criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica», dado que la calificación del estado de conservación tiene consecuencias directas sobre las posibilidades de control poblacional.
Un informe sexenal bloqueado y un expediente abierto en Bruselas
El llamado informe sexenal del lobo debía remitirse a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre, en el marco de las obligaciones derivadas de la Directiva Hábitats. Sin embargo, España no cumplió ese plazo, lo que llevó a la Comisión Europea a abrir a finales de enero un expediente de infracción contra el país por incumplimiento de sus obligaciones de información.
En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, Jessika Roswall recordó que Bruselas mantiene un «diálogo» con el Ejecutivo español para aclarar cuándo se enviará el informe y en qué condiciones. Fuentes comunitarias subrayan que sin un censo actualizado y verificado es muy difícil valorar si la especie se encuentra en un estado de conservación favorable o desfavorable, un dato clave para determinar el nivel de protección y los márgenes para aplicar controles letales.
El último censo hecho público por el MITECO apuntaba a la existencia de unas 333 manadas de lobo en España, lo que equivaldría aproximadamente a entre 1.600 y 1.900 ejemplares. Se trata de 36 manadas más que en el recuento de 2014, lo que supone un incremento cercano al 12 %. Aun así, el Ministerio considera que el lobo sigue en una situación de conservación desfavorable en el conjunto del territorio nacional.
Ese diagnóstico contrasta con las estimaciones de varios investigadores, que sitúan el umbral para garantizar la viabilidad genética de la especie en torno a las 500 manadas. Si el informe que finalmente se envíe a Bruselas confirma que el lobo está en estado desfavorable, ello implicará que, a efectos legales, se considera desfavorable en la totalidad del territorio, lo que limitaría seriamente la posibilidad de autorizar controles letales de manera ordinaria.
Choque entre el Ministerio y las comunidades por los datos del censo
La decisión del MITECO de cuestionar la solvencia de los datos aportados por algunas comunidades y de impulsar un censo propio ha encendido los ánimos en varios gobiernos autonómicos, especialmente en regiones loberas que aseguran llevar años trabajando con metodologías validadas y coordinadas con el propio Estado.
En el Principado de Asturias la reacción ha sido especialmente crítica. La Consejería de Medio Rural y el director general de Política Agraria, Marcos da Rocha, han defendido públicamente el trabajo de los técnicos asturianos y han reclamado al Ministerio que remita a Bruselas el informe elaborado con los datos recabados por las comunidades, sin descartarlos ni posponerlos de forma indefinida.
Da Rocha recuerda que Asturias realiza un censo de lobos cada año y que los datos correspondientes a 2025 se están analizando para presentarlos en el próximo Comité del Lobo. Los primeros avances apuntarían incluso a un aumento de los grupos reproductores en el territorio, lo que para el Principado confirmaría que sus sistemas de seguimiento funcionan y permiten detectar tendencias poblacionales de forma temprana.
Además, el gobierno asturiano sostiene que la metodología empleada cumple con los criterios científicos y técnicos fijados por el Ministerio y la Comisión Europea, y que los resultados se contrastan con las comunidades limítrofes para evitar duplicidades. Por ello, en Oviedo no terminan de entender para qué quiere el MITECO «elaborar un nuevo censo con sus propios medios y sin contar con las comunidades», ni cuál sería entonces el sentido del actual grupo de trabajo estatal sobre el lobo.
La polémica se produce tras varios episodios de desacuerdo entre Asturias y el Ministerio en torno a la gestión de la especie. El Principado había impulsado controles sobre determinadas manadas después de que el lobo dejase de estar protegido al norte del Duero, pero esos controles han quedado suspendidos temporalmente tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo. De los 53 lobos previstos en el plan de control, aún quedarían 11 por abatir, un extremo que añade tensión al debate sobre cuántos ejemplares hay realmente y cómo deben gestionarse.
Del LESPRE a los planes de extracción: cambios legales y tensión social
El contexto actual del censo del lobo no se entiende sin los vaivenes normativos de los últimos años. El cánido fue incluido en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que supuso blindar su caza y endurecer las condiciones para autorizar controles letales. Desde entonces, según datos de Castilla y León, los ataques a la cabaña ganadera en esta comunidad habrían aumentado alrededor de un 47 %.
En 2024, la cifra de daños en Castilla y León se habría situado cerca de las 5.985 reses muertas, con un total de 3.979 ataques registrados, lo que representa un nuevo repunte respecto a años anteriores. A la preocupación por la seguridad del ganado se suma la sensación de que, sin un censo nacional actualizado y compartido, es muy difícil diseñar planes de gestión que tengan en cuenta tanto la conservación de la especie como la realidad económica del medio rural.
La situación dio un nuevo giro cuando, en 2025, se decidió sacar al lobo del LESPRE en los territorios situados al norte del río Duero, lo que abrió la puerta a planes de extracción regulados. En Cantabria, por ejemplo, el Tribunal Supremo avaló el cupo de extracción para la temporada 2025/2026, lo que fue interpretado por el Gobierno autonómico como un espaldarazo a su política de control poblacional.
Frente a esto, el Ministerio advierte de que la percepción de aumento de ataques no puede ser el único criterio sobre el que se apoye una estrategia de gestión. A su juicio, hace falta un marco común de datos, homogéneo y científicamente contrastado, que permita saber si el lobo está realmente aumentando de forma generalizada o si, por el contrario, se trata de reajustes locales de las manadas tras incendios, cambios en la disponibilidad de presas u otras presiones ambientales.
Las comunidades afectadas por los ataques, sin embargo, consideran que la realidad del campo es incontestable. En reuniones celebradas recientemente, varias regiones loberas han exhibido unidad para exigir que el Gobierno central respete sus planes de extracción y control, y han llegado incluso a plantear la presentación de una denuncia formal ante la Comisión Europea por lo que consideran incumplimientos reiterados del Estado español en la aplicación del Derecho comunitario.
El papel de ASAJA y la presión del sector ganadero
En este clima de tensión, la organización agraria ASAJA se ha convertido en una de las voces más críticas con la gestión del censo del lobo por parte del Gobierno central. La entidad ha remitido una carta formal a la Comisión Europea en la que denuncia que el MITECO no ha enviado a Bruselas los datos actualizados sobre el estado de conservación del lobo, a pesar de que el informe técnico habría sido elaborado y aprobado en junio de 2025.
Para ASAJA, la reiterada ausencia de un censo actualizado y verificado dificulta el cumplimiento efectivo del Derecho europeo y genera una notable inseguridad jurídica. La organización sostiene que «sin datos no hay evaluación rigurosa, y sin evaluación rigurosa no puede haber decisiones proporcionadas», y reclama a la Comisión que exija al Gobierno español el envío inmediato del censo nacional actualizado.
La organización agraria acompaña sus quejas de un amplio repertorio de cifras sobre daños al ganado. En el Principado de Asturias, los perjuicios atribuidos al lobo habrían aumentado casi un 20 % desde la inclusión de la especie en el LESPRE en 2021, pasando de 2.721 reses muertas a 3.257 en 2024, el dato más alto desde 2017. En Castilla y León, la estadística oficial indica, para 2024, 3.979 ataques y 5.985 cabezas muertas, consolidando una tendencia al alza en los últimos ejercicios.
Según la propia organización, en los tres últimos años, coincidiendo con el cambio de estatus legal del lobo, se habría producido un aumento del 47 % en el número de ataques y de un 39 % en el número de animales muertos en estas dos comunidades. Aunque estas cifras no representan todo el territorio nacional, sirven para ilustrar una presión creciente sobre la ganadería extensiva, especialmente en zonas rurales ya de por sí vulnerables desde el punto de vista socioeconómico.
ASAJA insiste en que no se pueden pedir «nuevos sacrificios al sector ganadero» sin contar con una base científica sólida y actualizada que permita encontrar un equilibro realista entre la conservación de la biodiversidad y la viabilidad económica de las explotaciones. De ahí que pida a Bruselas una intervención firme para que las políticas ambientales sigan descansando en datos oficiales recientes y no en estimaciones desfasadas.
Asturias, censos anuales y discrepancias con el MITECO
Mientras ASAJA exige más transparencia y datos, comunidades como Asturias se defienden asegurando que llevan años haciendo exactamente eso: recopilar y actualizar información sobre el lobo de manera sistemática. El Principado remitió hace un año su informe de población al Ministerio, que sirvió como base para el censo estatal de 333 manadas publicado por el MITECO.
En el caso asturiano se contabilizan, según ese último recuento, 45 manadas compartidas con otras comunidades vecinas y 33 manadas exclusivas del territorio autonómico. Estas cifras han sido obtenidas mediante trabajo de campo, rastreo, fototrampeo y otras técnicas que, según la administración regional, cumplen con los estándares marcados a nivel estatal y europeo.
El director general de Política Agraria del Principado subraya que todo este proceso se coordina en el grupo de trabajo estatal sobre el lobo y cuenta con la participación de equipos de las comunidades limítrofes para garantizar que no se contabilicen dos veces los mismos grupos. De ahí que se perciba como un desaire el anuncio del MITECO de que impulsará un nuevo censo con sus propios medios, al margen de las estructuras ya creadas.
Esta tensión llega en un momento especialmente sensible, ya que Asturias también ha puesto en marcha planes de control después de que el lobo dejase de estar protegido en ciertas zonas. Sin embargo, el avance de esos planes ha quedado temporalmente congelado para ajustarse a las últimas decisiones judiciales, lo que añade presión tanto a la Consejería como a los ganaderos afectados por los ataques.
Desde el Principado se insiste en que se han cumplido los plazos y requisitos para aportar sus datos al informe sexenal y que se han tenido en cuenta el posible impacto de los incendios de agosto y la aplicación de las medidas de control. Por ello, el Gobierno asturiano reclama que el Ministerio dé validez a la información ya entregada y centre los esfuerzos en cerrar el informe nacional y remitirlo a Bruselas sin más dilaciones.
Todo este entramado de cifras, informes, cartas y reproches políticos refleja que el censo del lobo se ha convertido en una pieza clave de un debate mucho más amplio sobre cómo compatibilizar la conservación de una especie emblemática con la continuidad de la ganadería extensiva y el cumplimiento de las normas europeas. La cuestión ya no es solo cuántos lobos hay, sino quién define el método para contarlos, qué lectura se hace de esos números y cómo se reparten costes y responsabilidades entre Madrid, las comunidades, Bruselas y el campo.
