- El Tribunal Supremo solo admite la caza del lobo cuando sea la única vía para evitar daños al ganado
- Se confirman las anulaciones de extracciones autorizadas en Cantabria y del programa de control del lobo en Asturias
- Las comunidades deberán justificar que no hay alternativas eficaces y acreditar el buen estado de conservación de la especie
- El alto tribunal critica la falta de estudios sólidos y de análisis de medidas preventivas no letales
El Tribunal Supremo ha fijado un listón muy alto para permitir la caza del lobo en España: solo será legal cuando no exista ninguna otra opción razonable para evitar ataques al ganado. Esta interpretación, recogida en una reciente sentencia de casación, supone un toque de atención a las comunidades autónomas que autorizan extracciones letales como herramienta habitual de gestión.
La decisión se apoya en varios recursos relacionados con autorizaciones de caza de lobos en Cantabria y el programa de control del lobo en el Principado de Asturias. A raíz de estos casos, el alto tribunal respalda las tesis de las organizaciones ecologistas y marca una serie de criterios estrictos que las administraciones deberán cumplir si quieren justificar la muerte de ejemplares de lobo ibérico.
El Supremo blinda al lobo como especie protegida
En la resolución relativa a Cantabria, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que había anulado varias autorizaciones para abatir lobos en verano de 2022. Aquellas decisiones del Ejecutivo regional se adoptaron cuando el lobo al norte del Duero estaba incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que implica el nivel máximo de amparo legal en España.
El recurso había sido planteado por el Gobierno de Cantabria contra el fallo del TSJ cántabro, pero el Supremo lo rechaza y ratifica la anulación de las extracciones autorizadas en municipios como Polaciones y Tudanca. Según la sentencia, la administración autonómica no acreditó correctamente que la caza de los dos ejemplares fuera la única manera viable de frenar los ataques al ganado en la zona.
El tribunal subraya que, pese a que las comunidades autónomas tienen competencia para gestionar la fauna salvaje, la inclusión del lobo en el LESPRE obliga a seguir condiciones “rigurosas” marcadas por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y por la normativa estatal que lo declaró especie protegida. Además, estas normas deben aplicarse en coherencia con la Directiva Hábitats de la Unión Europea y la interpretación que hace de ella el Tribunal de Justicia de la UE.
En paralelo, el Supremo también resuelve un recurso referido a Asturias y anula disposiciones del Programa de Control del Lobo del Principado. En este segundo caso, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) denunció que el gobierno autonómico estaba, de facto, estableciendo “cupos” de ejemplares a abatir, una práctica que el alto tribunal considera contraria al marco jurídico de protección de la especie.
Caza del lobo: solo cuando no haya otra alternativa
Uno de los ejes centrales de la sentencia es la aclaración de cuándo se puede autorizar legalmente la muerte de lobos para proteger al ganado. El Supremo es tajante: la caza solo se admite cuando constituya la única solución posible para evitar los daños a las explotaciones. Es decir, no basta con que sea una opción más o con que resulte cómoda desde el punto de vista de la gestión.
Para llegar a esa conclusión, la administración debe realizar previamente un examen exhaustivo de las medidas alternativas que pueden adoptar las ganaderías afectadas. Entre ellas se incluyen sistemas de protección del rebaño, vigilancia, uso de perros guardianes, manejo del pastoreo o cualquier otra herramienta no letal que tenga posibilidades razonables de reducir los ataques del cánido. Ver ejemplos prácticos sobre medidas alternativas y respuestas ante ataques.
El alto tribunal precisa que la mera referencia genérica a posibles soluciones no sirve. Es necesario que la administración explique qué alternativas se han considerado, por qué se descartan y con qué datos se justifica que no son suficientes para mitigar los daños. Sin ese análisis detallado, autorizar una extracción se considera contrario al ordenamiento jurídico que protege al lobo.
Además, la sentencia apunta que no se puede confundir la defensa del ganado con la simple intención de reducir la población de lobos por sistema. La caza no puede utilizarse como un mecanismo ordinario de control poblacional, sino como un recurso extremo y excepcional, reservado a situaciones en las que se acredite que las medidas preventivas no funcionan o no pueden aplicarse de forma razonable.
En este contexto, la resolución del Supremo supone un giro relevante en la manera en que las administraciones deberán documentar sus decisiones, obligándolas a trabajar con informes técnicos más completos y transparentes antes de avalar el sacrificio de ejemplares de una especie silvestre protegida.
Requisito clave: buen estado de conservación de la especie
Otro aspecto fundamental que destaca el Supremo es la necesidad de comprobar el buen estado de conservación del lobo antes de autorizar cualquier medida que implique su eliminación. No basta con constatar que en un municipio concreto ha aumentado el número de ejemplares o que se han registrado más avistamientos.
Según la sentencia, para valorar correctamente el impacto de la caza sobre la especie hay que tener en cuenta el amplio territorio que ocupa el lobo y su dinámica poblacional a escala regional. Esto exige estudios más amplios y actualizados, no solo datos parciales de un valle o de un área limitada en la que se hayan producido ataques al ganado. Consultar análisis sobre dónde viven los lobos ayuda a contextualizar estas evaluaciones.
El alto tribunal rechaza la idea de que la muerte de unos pocos lobos no tenga relevancia ecológica por sí misma. Señala que no es aceptable minimizar el efecto de las extracciones sin un análisis global de la situación de la especie y de cómo pueden afectar esas bajas a la estructura de las manadas, a la reproducción o a la distribución territorial del lobo ibérico. La evidencia sobre muertes por acción humana refuerza la necesidad de estudios rigurosos.
Además, se remarca que el hecho de que en un momento dado se considere que la especie se encuentra en un estado de conservación favorable no es motivo suficiente para rebajar su protección legal ni para generalizar el recurso a la caza. El marco normativo que deriva de su inclusión en el LESPRE permanece vigente mientras esa catalogación no cambie de forma expresa.
En consecuencia, la administración que quiera autorizar una extracción está obligada a aportar informes científicos y técnicos sólidos que describan la situación demográfica del lobo en un ámbito mucho más amplio que el del núcleo donde se produce el conflicto con la ganadería.
Críticas del Supremo al “pobre” análisis de Cantabria
La sentencia utiliza términos inusualmente claros para calificar el trabajo realizado por la administración cántabra. Aunque reconoce que el Gobierno regional dispone de un conocimiento detallado de las manadas de lobo en ciertas zonas, reprocha que se limitara a autorizar la muerte de dos ejemplares de uno de esos grupos sin concretar qué individuos debían ser abatidos ni valorar el posible efecto sobre la estabilidad familiar.
Para el alto tribunal, esta falta de precisión conlleva el riesgo de eliminar ejemplares clave para la subsistencia del grupo, lo que puede resultar «particularmente perjudicial» para la conservación local de la especie. Por ello insiste en que cualquier extracción debe ser selectiva y no puede autorizarse de forma genérica respecto a un determinado número de individuos.
El Supremo también cuestiona la forma en que el Ejecutivo autonómico abordó las posibles medidas alternativas a la caza. Entre las soluciones mencionadas figuraban el cercado de la totalidad de los montes públicos —que la propia administración tilda de inviable y la Sala considera «claramente impracticable»— y el uso de mastines por parte de algunas explotaciones ganaderas afectadas.
En el caso de los perros de protección, la sentencia recuerda que solo 4 de las 18 explotaciones que habían sufrido ataques contaban con mastines, y que de esas cuatro, únicamente una mantenía vigilancia activa del rebaño. Para el tribunal, esta alusión genérica a los perros «carece de la mínima precisión» necesaria para valorar su eficacia como herramienta real de prevención.
A juicio del Supremo, el estudio presentado por la administración es claramente insuficiente como catálogo de soluciones alternativas. El tribunal subraya que en zonas con una larga tradición de convivencia entre ganadería extensiva y lobo existe un conocimiento acumulado sobre precauciones y métodos defensivos que podría haberse aprovechado, además de la información recogida en el propio catálogo oficial de medidas para evitar ataques.
Selección de ejemplares y exigencia de estudios rigurosos
Uno de los aspectos más delicados que aborda la sentencia es la forma en que se seleccionan los lobos a abatir. El tribunal recalca que la eliminación de individuos debe ser necesariamente selectiva, orientada a ejemplares concretos y justificada caso por caso, y no una simple autorización para cazar un número indeterminado de miembros de una manada.
Esta exigencia se relaciona con el impacto que puede tener la muerte de animales dominantes, reproductores o individuos clave en la organización social del grupo. La sentencia advierte que abatir sin distinción puede alterar la estructura de la manada, favoreciendo incluso comportamientos más conflictivos con la ganadería, en lugar de reducirlos.
En su crítica, el Supremo pone el foco en que la administración no aportó un estudio suficientemente amplio del territorio y de las poblaciones de lobo afectadas. El ámbito geográfico analizado y los datos demográficos empleados se consideran demasiado limitados para garantizar que las extracciones no perjudiquen al conjunto de la especie en la región.
El tribunal indica que, para valorar de forma fiable la repercusión de las extracciones, no basta con observar incrementos locales de población o la reaparición de ejemplares en áreas donde antes se habían efectuado controles. Hace falta un análisis a mayor escala que tenga en cuenta movimientos de la especie, conectividad entre núcleos y dinámica general de las manadas.
En este sentido, la resolución subraya que considerar «irrelevante» la muerte de algunos ejemplares por el mero hecho de que el lobo se halle en expansión en determinados municipios es una conclusión que no se sostiene a la luz de las exigencias legales y científicas en materia de conservación.
Victoria de las organizaciones ecologistas frente a los planes autonómicos
Las decisiones del Tribunal Supremo se producen en el marco de recursos interpuestos por organizaciones conservacionistas como la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) y Ecologistas en Acción Cantabria. Ambas entidades habían impugnado los métodos de gestión empleados por los gobiernos de Cantabria y Asturias al considerar que vulneraban la protección reforzada del lobo ibérico.
En Cantabria, el conflicto se centraba en las resoluciones de la Consejería de Desarrollo Rural que habilitaban el sacrificio de lobos en varios municipios con el argumento de evitar daños al ganado. En Asturias, las organizaciones denunciaban que el Programa de Control del Lobo funcionaba en la práctica como un sistema de cupos, al fijar un número determinado de animales a eliminar en determinadas zonas.
Con sus fallos, el Supremo da la razón a estas ONG en sus principales reclamaciones y declara nulas de pleno derecho las disposiciones autonómicas que no se ajustan a la normativa de protección del lobo. El mensaje que se lanza a las comunidades es que no se pueden diseñar planes de gestión que relajen de facto las salvaguardas fijadas por la legislación estatal y europea.
Esta línea jurisprudencial refuerza la posición de las entidades ecologistas en el debate sobre el equilibrio entre conservación de la fauna y actividad ganadera, al tiempo que obliga a las administraciones a replantear sus estrategias de control del lobo si quieren evitar nuevos varapalos judiciales.
Al mismo tiempo, el fallo no ignora el problema real de los daños al ganado, pero insiste en que la respuesta debe pasar primero por medidas preventivas y soluciones no letales, recurriendo a la caza solo cuando se demuestre de forma clara que nada de eso resulta eficaz o viable en un caso concreto. La preocupación por los ataques al ganado evidencia esa necesidad de priorizar medidas no letales.
La posición del Tribunal Supremo sitúa la caza del lobo en un escenario de máxima excepcionalidad, en el que cualquier decisión que implique sacrificar ejemplares deberá estar muy bien justificada, apoyada en datos sólidos y acompañada de un análisis riguroso de alternativas y de la situación de la especie a escala amplia. Este nuevo marco jurídico obliga a las comunidades autónomas a afinar sus políticas de gestión si quieren compatibilizar la protección del lobo con la defensa de la ganadería extensiva.
