- El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria respalda la orden regional de extraer 41 lobos.
- La Fiscalía archiva las investigaciones por no ver delito en la actuación de las autoridades cántabras.
- Ecologistas en Acción y Ascel interpusieron denuncias, pero no se consideran hechos delictivos.
- El Gobierno cántabro defiende la medida ante el incremento de manadas y ataques al ganado.
En Cantabria, la gestión de la población de lobos ha acaparado titulares en los últimos meses tras la decisión del Gobierno regional de proceder a la extracción de 41 ejemplares. Este asunto ha generado un intenso debate entre las autoridades, colectivos ganaderos y asociaciones ecologistas, por el equilibrio necesario entre la protección de la fauna salvaje y la defensa de la ganadería extensiva.
El contexto legal y social se ha visto marcado tanto por la reciente salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) como por los recursos judiciales y denuncias presentadas por entidades conservacionistas. Los acontecimientos han puesto de manifiesto la complejidad de gestionar una especie emblemática en una comunidad con un sector ganadero muy relevante.
Respaldo judicial y archivo de causas penales
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado el visto bueno a la medida adoptada por el Gobierno autonómico para el control de la población de lobos, desestimando así el recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel). La sala de lo contencioso-administrativo considera que la decisión de extraer 41 ejemplares es «razonable» a la vista de los daños acreditados que estos animales han producido en el sector ganadero.
El auto judicial deja claro que la protección de la fauna debe conjugarse con la realidad socioeconómica regional, señalando que el estado de conservación del lobo debe evaluarse en el contexto de Cantabria y no necesariamente en el ámbito nacional o europeo. El tribunal también subraya la legitimidad de proteger la ganadería extensiva y la propiedad privada, tal y como contemplan tanto la Constitución como la legislación vigente.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de Cantabria ha decidido archivar las diligencias de investigación abiertas contra la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, y el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio. Las denuncias, presentadas por Ecologistas en Acción y Ascel, alegaban posibles delitos de prevaricación y contra la fauna, pero el ministerio público no ha considerado que existan indicios suficientes para continuar las investigaciones.
Motivaciones de la medida y datos sobre la población de lobos
La decisión de autorizar la extracción de 41 lobos se apoya en el plan regional de gestión del cánido y se publicó tras la modificación legal que excluyó al lobo de la lista de especies con protección especial. Desde la Consejería de Ganadería se argumenta que la medida es «imprescindible» para garantizar la convivencia con los ganaderos y asegura que se está actuando «con la ley en la mano», basado en criterios científicos y técnicos.
En los últimos diez años, el número de manadas ha pasado de 12 a 23, lo que supone un aumento del 92% de la población y una expansión del lobo por el 80% del territorio, incluyendo zonas costeras. Según los datos facilitados por la propia Consejería, en el último año se han registrado más de 2.500 ataques y se ha certificado la muerte de unos 3.200 animales de ganado. Todo ello ha motivado la necesidad de un control que busca el equilibrio y la estabilidad poblacional del lobo.
La consejera Susinos insiste en que «no se pretende acabar con el lobo, pero tampoco se puede permitir que la especie cause daños irreparables a los ganaderos cántabros». El 20% de las extracciones contempladas en el plan se considera que permite mantener la estabilidad actual de los lobos en la región.
Reacciones de los sectores implicados y próximos pasos
Las reacciones tras el archivo de la causa y el aval judicial han sido variadas. Mientras que la Consejería de Ganadería muestra su «satisfacción» y asegura que continuará con la hoja de ruta marcada, los colectivos ecologistas lamentan el resultado y siguen considerando insuficiente la protección de la especie. Desde el sector ganadero se destaca el valor estratégico de la medida para garantizar la supervivencia de las explotaciones y reducir los ataques al ganado.
La última información oficial apunta a que ya se han realizado diversas extracciones de ejemplares, y que la cifra de lobos abatidos se actualizará en breve en la próxima reunión de la Mesa del Lobo. A pesar de los recursos y denuncias, el Gobierno cántabro mantiene su postura y reitera la necesidad de un «control poblacional correcto y legal» ajustado a la situación de la región.
El proceso de extracción de lobos en Cantabria refleja la complejidad de conjugar la protección de la biodiversidad con las necesidades económicas y sociales. Las decisiones tomadas por el TSJC y la Fiscalía han clarificado el respaldo jurídico a la estrategia regional, aunque el debate sobre el papel del lobo en el territorio cántabro y su convivencia con la ganadería, está lejos de cerrarse por completo.