- El lobo ibérico pierde parte de su protección legal, lo que reactiva su caza en varias comunidades autónomas.
- La gestión y control de la especie divide a defensores del lobo y al sector ganadero, generando recursos judiciales y manifestaciones.
- El último censo muestra un crecimiento muy leve en la población de lobos, manteniéndose en un estado de conservación "desfavorable".
- Organizaciones ecologistas y el Defensor del Pueblo recurren legalmente la relajación de la protección e insisten en la importancia ecológica del lobo.
En los últimos meses, la presencia y gestión del lobo ibérico en España ha pasado a primer plano debido a diversos cambios legislativos y administrativos que han desencadenado un intenso debate entre los defensores de la especie, el sector de la ganadería y los responsables políticos. La retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) ha supuesto un giro en la protección del cánido, permitiendo su caza en comunidades como Cantabria, Asturias, La Rioja y Galicia, y situando a esta emblemática especie en el centro de la controversia.
El recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional contra varias disposiciones que favorecen la caza del lobo ha intensificado una polémica con fuertes implicaciones políticas y sociales. Organizaciones como Podemos Cantabria y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han impulsado este recurso, denunciando la falta de justificación ambiental, la opacidad parlamentaria y el riesgo para la biodiversidad. En paralelo, la postura de los gobiernos autonómicos, la presión de los ganaderos afectados por los ataques de lobos y la respuesta social han generado un clima de crispación en torno al futuro del lobo en España.
Controversia legal y política: de la protección a la caza
La decisión de excluir al lobo del LESRPE se adoptó mediante enmiendas incluidas en la ley de desperdicio alimentario, una vía que varios grupos acusan de falta de transparencia y debate técnico. Entre los partidos que apoyaron esta medida se encuentran PP, Vox, Junts y el PNV. Como consecuencia, comunidades autónomas como Cantabria han autorizado la caza de hasta 41 ejemplares (aproximadamente el 20% de su población regional), mientras que Asturias permite la extracción de hasta 53 lobos. La Rioja y Galicia, por su parte, han reintroducido al cánido como especie cinegética en sus órdenes de veda, aunque en algunos casos sin detallar cupos concretos.
Esta situación ha desencadenado recursos judiciales por parte de colectivos ecologistas y sociales. Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, han interpuesto recursos contra la declaración del lobo como especie cinegética en La Rioja, pidiendo la suspensión cautelar de la caza y la consideración del lobo como especie protegida por su importancia ecológica y estado poblacional vulnerable.
El Defensor del Pueblo alega que la ley supone una «legislación autoaplicativa» que vulnera el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado y a la biodiversidad. Por otro lado, las comunidades autónomas defienden que la medida responde a la necesidad de compatibilizar la conservación del lobo con la protección de la ganadería extensiva, un sector que denuncia cuantiosos daños a consecuencia de los ataques.
Población del lobo y estado de conservación: cifras y retos
El último censo nacional, presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica con datos de las comunidades autónomas, cifra la población española de lobos en torno a entre 1.300 y 1.600 individuos distribuidos en 333 manadas. Si bien se observa un ligero crecimiento respecto a anteriores censos, las administraciones y organizaciones ecologistas coinciden en que el estado de conservación sigue siendo «desfavorable», lejos del objetivo de las 500 manadas consideradas necesarias para garantizar la viabilidad de la especie.
La situación es especialmente delicada en regiones como La Rioja, donde sólo se han identificado cinco manadas (la mayoría compartidas con otras comunidades), y cualquier reducción puede suponer un retroceso difícilmente reversible. Además, los expertos advierten de la baja variabilidad genética de la población ibérica, aislada de otros núcleos europeos, lo que añade un riesgo adicional a su futuro.
Mientras tanto, la Directiva Hábitats de la Unión Europea establece que no pueden aplicarse medidas de gestión —como la caza o las extracciones motivadas por daños— si el estado de conservación de la especie no es adecuado, argumento que ha sido respaldado por recientes sentencias judiciales, como la del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que suspendió la autorización de caza del lobo en la comunidad.
Impacto sobre ganaderos y el papel ecológico del lobo
El progresivo aumento de los ataques del lobo a explotaciones ganaderas, especialmente en zonas del norte de España como O Bolo, ha elevado el malestar entre los ganaderos. Los propietarios denuncian pérdidas económicas importantes y daños colaterales como estrés en los animales, abortos y disminución de la producción lechera. Además, critican que las ayudas económicas no compensan el verdadero perjuicio causado y consideran insuficientes las medidas de control y prevención actualmente en vigor.
En contraposición, asociaciones conservacionistas resaltan que el lobo cumple una función crucial en el equilibrio del ecosistema, regulando las poblaciones de ungulados y actuando como «sanitario» natural, al eliminar animales enfermos y evitar la propagación de enfermedades. La coexistencia entre lobos y ganadería, afirman, pasa por reforzar las medidas preventivas como el uso de mastines, vallados o pastores, que según estudios pueden reducir los ataques de lobos de forma drástica sin recurrir a controles letales.
Respuesta social, recursos judiciales y futuro incierto
La división social y política en torno a la gestión del lobo se ha hecho patente en las últimas semanas. Manifestaciones como la celebrada en Madrid bajo el lema «Lobo vivo, lobo protegido» han reunido a organizaciones ecologistas, científicos y numerosos ciudadanos en defensa de una mayor protección para la especie. Al mismo tiempo, los tribunales se han convertido en un campo de batalla clave para decidir el futuro inmediato del lobo ibérico, con recursos legales que apelan tanto al principio de precaución ambiental como a la legalidad de las medidas adoptadas por las comunidades autónomas.
Mientras tanto, el futuro del lobo en España permanece marcado por la incertidumbre. La combinación de factores como la presión del sector ganadero, los intereses políticos, el estado de conservación desfavorable y los desafíos jurídicos y sociales plantea un escenario complejo, donde la viabilidad a largo plazo de la especie dependerá del equilibrio entre la protección legal, la gestión ecológica y la convivencia con las actividades tradicionales del mundo rural.
El lobo ibérico, figura clave de la fauna peninsular, sigue despertando pasiones y rechazos a partes iguales. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para el futuro del lobo y, por extensión, para el equilibrio de los ecosistemas y la propia identidad rural de amplias zonas de España. La mirada está puesta en la ciencia, la legalidad y la capacidad de la sociedad para encontrar fórmulas de convivencia que garanticen la supervivencia de una de las especies más emblemáticas de nuestro patrimonio natural.
