- El Gobierno de Cantabria ha sacrificado 21 lobos entre abril y agosto como parte de su plan de control.
- El programa contempla la extracción de 41 ejemplares antes de junio del año próximo.
- WWF denuncia un posible doble conteo y advierte de un impacto mayor en la población de la especie.
- No hay respuesta de la Unión Europea sobre la gestión y los informes relacionados con el lobo.
El reciente sacrificio de 21 lobos en Cantabria entre los meses de abril y agosto ha reabierto el debate sobre la gestión de esta especie en la región. La medida forma parte de un plan regional de control que se extenderá hasta junio del próximo año y contempla la eliminación de hasta 41 ejemplares. Desde que el lobo dejó de estar incluido en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial, las autonomías recuperaron la capacidad de aplicar medidas de control sobre la especie.
Esta decisión ha generado controversia tanto en el ámbito político como en el social. WWF y otras organizaciones ecologistas han puesto el foco en la legalidad y los posibles efectos sobre la población de lobos, mientras desde la Consejería de Desarrollo Rural se defiende la medida como necesaria para el equilibrio.
Distribución de los sacrificios y método de recuento
Según los datos facilitados por María Jesús Susinos, titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, los lobos eliminados se distribuyen en distintas comarcas: Campoo-Los Valles (5), Besaya (5), Saja (4), Nansa (5), Asón-Miera (1) y la zona de Cabezón de la Sal (1). Además, se suman tres lobos más que han fallecido por atropello, cifra que fue rectificada tras comprobar que otros animales atropellados, inicialmente contabilizados como lobos, resultaron ser perros.
El plan de control puesto en marcha en abril, tras el cambio de catalogación del lobo, busca intervenir en la población a través de extracciones directas. Actualmente, la previsión es alcanzar los 41 ejemplares sacrificados antes de junio del próximo año. Las acciones han sido defendidas desde el Ejecutivo regional como necesarias para evitar daños en la ganadería y reducir conflictos sociales.
Críticas de organizaciones ecologistas y dudas sobre los datos
Las críticas de WWF se centran principalmente en la manera en que se ha calculado el cupo de lobos a eliminar. Según la organización ecologista, Cantabria habría inflado el número de ejemplares al contabilizar manadas compartidas con territorios limítrofes. Esto, apuntan, podría elevar la tasa de mortalidad por encima del 20% de la población real de lobos en la región, lo que supondría un riesgo de declive de la especie.
WWF también sostiene que la metodología utilizada por la administración podría estar contando animales adultos, incluidas hembras reproductoras, antes de completar los ciclos biológicos normales de las manadas. El informe “El lobo en España”, citado por la ONG y realizado por expertos en la materia, recalca que este enfoque podría acentuar el impacto negativo sobre la estructura social y reproductiva de los lobos cántabros.
Falta de consenso institucional y debate en Europa
En el plano político e institucional, la situación está lejos de estar resuelta. Todavía no existe respuesta oficial por parte de la Comisión Europea acerca de la carta remitida desde Cantabria y otras trece comunidades y ciudades autónomas en la que solicitaban una reunión para abordar los informes sobre el estado del lobo. La consejera Susinos ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica de evitar el diálogo con las autonomías y de enviar a Bruselas un informe que, según su punto de vista, no refleja la realidad de la conservación del lobo.
El desencuentro pone de manifiesto la falta de consenso entre administraciones sobre los datos y los métodos empleados para evaluar la situación del lobo en España. Mientras el Ministerio aboga por un enfoque más restrictivo para garantizar la preservación de la especie, el Gobierno cántabro y varias comunidades defienden la necesidad de acciones de control para evitar impactos negativos en el sector ganadero.
La gestión del lobo en Cantabria, con 21 ejemplares ya sacrificados y una previsión de hasta 41, ha desatado una importante controversia entre el Gobierno regional, organizaciones ecologistas y el propio Ministerio. Se mantienen abiertas las discusiones sobre los datos y los métodos, mientras la respuesta europea sigue pendiente y crece la preocupación por el futuro de la especie en diferentes ámbitos sociales y políticos.