- La Comisión Europea duda de la coherencia científica del censo genético de oso pardo elaborado por Castilla y León y Cantabria.
- El estudio habla de 370 osos pardos, pero Bruselas señala que las cifras no encajan con décadas de seguimiento de hembras con crías.
- Ecologistas en Acción denunció capturas de osos para radiomarcaje tras la muerte de dos ejemplares marcados por la Junta.
- La Junta defiende el censo y el radiomarcaje, mientras organizaciones ecologistas alertan de riesgos y posible uso político de los datos.
La fiabilidad del censo genético de oso pardo en la Cordillera Cantábrica ha acabado en el punto de mira de las instituciones europeas. Una comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha puesto en duda las cifras oficiales que manejan las administraciones de Castilla y León y Cantabria para estimar la población de esta especie protegida.
La polémica se ha reavivado a raíz de una consulta formal presentada por Ecologistas en Acción, que denunció los riesgos de las capturas de osos para su radiomarcaje tras la muerte de dos ejemplares en Castilla y León. La respuesta de Bruselas cuestiona tanto la metodología del censo como la ausencia de documentación técnica accesible, abriendo un debate incómodo sobre la gestión del oso pardo en España.
Qué cuestiona exactamente la Comisión Europea
La clave del desencuentro está en un estudio genético que cifra la población de oso pardo cantábrico en 370 individuos, de los cuales 250 se situarían en la zona occidental y 120 en las subpoblaciones orientales. Estos datos se difundieron públicamente como un importante avance en la recuperación de la especie y se presentaron como resultado de un trabajo coordinado entre varias comunidades autónomas.
Sin embargo, la Dirección General de Medio Ambiente advierte de que esas cifras no son coherentes con los seguimientos realizados durante las últimas tres décadas, basados sobre todo en el recuento de hembras con crías del año, un indicador muy utilizado para estimar la salud y la evolución de poblaciones de grandes carnívoros.
En su comunicación, Bruselas subraya que no dispone de publicaciones científicas ni de informes técnicos detallados que respalden el censo difundido por Castilla y León y Cantabria. Lo que sí existe, según señala, es únicamente un comunicado de prensa de la Junta de Castilla y León con los resultados, algo considerado claramente insuficiente para un asunto de este calado.
Esta falta de documentación accesible lleva a la Comisión a poner en tela de juicio el rigor científico del censo genético, sugiriendo que podría estar sobredimensionado en relación con la realidad que muestran los estudios previos y los datos históricos de la población de oso pardo cantábrico.
Origen de la denuncia: radiomarcaje y muertes de osos
El pronunciamiento europeo llega después de que, en septiembre de 2025, Ecologistas en Acción trasladara su preocupación a Bruselas por las capturas de osos pardos para radiomarcaje en Castilla y León. El detonante fueron dos ejemplares hallados muertos tras haber sido capturados y marcados por personal de la administración autonómica.
La organización ecologista ya venía alertando ante la Junta de Castilla y León y ante el Gobierno central de lo que consideraba un riesgo excesivo e innecesario asociado a estas capturas, tanto por la propia técnica empleada como por la supuesta falta de experiencia y cualificación del personal implicado en las operaciones de marcaje.
Para Ecologistas en Acción, la combinación de radiomarcaje intensivo y un censo inflado apuntaría a una estrategia de gestión discutible, en la que el peligro real para los animales y la debilidad del respaldo científico de los datos quedarían en segundo plano frente a otros intereses.
En noviembre, el Jefe de la Unidad de Conservación de la Naturaleza de la Dirección General de Medio Ambiente respondió oficialmente a la organización, agradeciendo la información remitida y detallando las dudas que la Comisión mantiene sobre las cifras oficiales de población de oso pardo difundidas por las comunidades implicadas.
Las cifras del conflicto: 370 osos frente a décadas de seguimiento
El documento europeo se remite al informe «Large carnivore distribution maps and population updates 2017-2022/23», en el que se recoge que, en 2020, Castilla y León y Cantabria llevaron a cabo un estudio genético a partir de muestras de campo para estimar la población de oso pardo en la Cordillera Cantábrica.
Según ese trabajo, se habría identificado un total de 370 osos pardos, distribuidos en 250 ejemplares en el núcleo occidental y 120 en las subpoblaciones orientales. Estos datos fueron difundidos como una señal de franca recuperación de la especie, especialmente en el denominado “corredor cantábrico”.
El problema, remarca Bruselas, es que estos resultados no encajan con los estudios genéticos previos ni con el seguimiento efectuado durante unos 30 años sobre las hembras con crías del año, metodología que ofrece una imagen bastante sólida de la tendencia real de la población.
Para la Comisión, el salto numérico que plantean las nuevas estimaciones resulta difícil de explicar únicamente por mejoras metodológicas, máxime cuando no hay artículos científicos ni memorias técnicas públicas que detallen el diseño del estudio, la toma de muestras, los análisis de laboratorio o los modelos estadísticos utilizados para extrapolar los datos.
La visión de los ecologistas: censo sobredimensionado y sin respaldo
A la luz de la respuesta comunitaria, Ecologistas en Acción considera que Bruselas confirma sus sospechas: el censo genético difundido por Castilla y León y Cantabria estaría “claramente sobredimensionado” y “carecería de fundamento científico sólido”.
La organización lleva tiempo defendiendo que la situación del oso pardo no es tan halagüeña como transmite la retórica oficial, sobre todo en el oriente de la Cordillera Cantábrica, donde el número de hembras reproductoras seguiría siendo reducido y vulnerable a cualquier presión adicional.
Los ecologistas sostienen que la insistencia de la Junta en presentar una evolución excelente de la población no se corresponde con los datos de campo disponibles, y que este relato excesivamente optimista podría estar desincentivando la adopción de medidas de conservación más estrictas en las áreas donde el oso continúa siendo muy escaso.
En su crítica, también apuntan a que la ausencia de transparencia y de documentación técnica abierta sobre el censo dificulta la revisión independiente de los datos por parte de la comunidad científica, lo que debería ser una práctica habitual en estudios que sirven de base para decisiones de gestión de fauna protegida.
Radiomarcaje, gestión del riesgo y mortalidad
Más allá de las cifras, Ecologistas en Acción sitúa en el centro del debate el uso del radiomarcaje como herramienta de gestión. Según argumentan, la captura y manipulación de osos pardos implica riesgos elevados para los animales, entre ellos la llamada miopatía de captura, un trastorno grave que puede provocar la muerte del ejemplar tras el estrés y el esfuerzo físico asociado a la inmovilización.
La organización ecologista considera que, en el caso de Castilla y León, el beneficio científico y de conservación que se obtiene del marcaje no compensa el riesgo añadido para una población que sigue catalogada como vulnerable y que se recupera de décadas de persecución y declive.
Desde su punto de vista, mientras la Junta mantenga esta estrategia, y al mismo tiempo interprete los datos de forma sesgada sin una base científica sólida, será complicado diseñar e implantar políticas realmente coherentes con los objetivos de conservación del oso pardo y de otros grandes carnívoros como el lobo.
Los ecologistas temen que se esté configurando una situación difícil de controlar y perjudicial para la especie, en la que la presión de determinados intereses económicos y electorales pese más que el criterio técnico y la prudencia en la intervención sobre la fauna silvestre.
La respuesta de la Junta de Castilla y León
Ante las observaciones procedentes de Bruselas, la Junta de Castilla y León ha defendido públicamente que el censo cuestionado no sería un estudio aislado de la comunidad, sino parte de un trabajo de ámbito estatal coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Según la versión de la administración autonómica, en la elaboración del censo habrían participado también Asturias, Cantabria y Galicia, contando además con el respaldo científico de instituciones como la Universidad Autónoma de Barcelona y el CSIC, y apoyándose en técnicas genómicas avanzadas.
No obstante, los propios comunicados oficiales difundidos en su día por la Consejería de Medio Ambiente presentaron los resultados como un estudio en el que Castilla y León tenía un papel protagonista, atribuyéndose explícitamente los datos y su interpretación ante la opinión pública.
La Junta sostiene que los nuevos procedimientos de análisis genético permiten estimar con mayor precisión la población real, lo que, a su juicio, explicaría que los datos sean difíciles de comparar con los estudios históricos basados en observaciones directas y en el conteo de hembras con crías.
Choque de enfoques: ciencia, política y conservación
La discrepancia entre lo que afirma la Junta y lo que señala la Comisión Europea pone de manifiesto un choque de enfoques sobre cómo debe gestionarse la información relativa a especies protegidas. Mientras la administración regional reivindica los avances técnicos y la coordinación interterritorial, Bruselas recalca que sin informes públicos y revisables no es posible validar la solidez de los resultados.
Organizaciones ecologistas apuntan a un posible uso político de las cifras, al considerar que presentar un número elevado de osos puede servir para justificar una menor presión de conservación, acceder a determinadas ayudas o exhibir logros en materia ambiental ante la ciudadanía.
Por su parte, desde el Gobierno autonómico se insiste en que, hasta el momento, no se habría recibido comunicación oficial alguna de la Comisión Europea cuestionando sus datos, lo que añadiría otra capa de tensión institucional al asunto.
En el trasfondo de esta controversia late una cuestión de mayor alcance: la necesidad de que los censos de fauna silvestre en Europa se basen en metodologías transparentes, sometidas a revisión científica y accesibles para la comunidad investigadora y la sociedad, especialmente cuando de ellos dependen decisiones de conservación, planificación territorial y financiación comunitaria.
Todo este episodio alrededor del censo de osos en Castilla y León, las dudas expresadas desde Bruselas y las críticas de los grupos ecologistas refleja hasta qué punto la gestión de una especie emblemática como el oso pardo exige combinar rigor científico, prudencia en las intervenciones sobre los animales y una comunicación pública honesta. La forma en que se resuelvan ahora las discrepancias sobre las cifras y las prácticas de radiomarcaje será clave para recuperar la confianza en los datos oficiales y garantizar que las políticas de conservación en la Cordillera Cantábrica se apoyen en una base técnica sólida y compartida.
