Gestión pesquera sostenible: claves, retos y formación

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La gestión pesquera se ha convertido en una pieza clave para asegurar que los océanos sigan siendo una fuente de alimento, empleo y bienestar para millones de personas, sin poner en jaque la salud de los ecosistemas marinos. Lejos de ser solo un asunto de cuotas y normas, abarca desde la ciencia que evalúa las poblaciones de peces hasta las decisiones políticas, los intereses económicos y las necesidades sociales de las comunidades costeras.

En este contexto, la pesca sostenible, la ordenación basada en ecosistemas, la formación de especialistas y la cooperación internacional se entrelazan para frenar la sobrepesca, combatir la pesca ilegal y adaptar el sector al cambio climático. A continuación se desgranan, con detalle, los pilares técnicos, económicos y sociales que sostienen una buena gestión pesquera, así como ejemplos prácticos de éxito y de herramientas concretas que ya se están usando en Europa y en otras regiones del mundo.

¿Por qué la gestión pesquera es tan importante hoy en día?

Los recursos pesqueros representan una fuente esencial de proteínas animales a nivel mundial y un motor económico fundamental en muchas zonas costeras. La FAO estima que alrededor del 17 % de las proteínas animales que consume la población mundial provienen tanto de la pesca extractiva (marina y continental) como de la acuicultura, lo que sitúa al pescado en el centro de la seguridad alimentaria global.

Además del papel nutricional, la pesca sostiene miles de empleos directos e indirectos, desde las tripulaciones de buques artesanales e industriales hasta las plantas de procesado, la logística, la comercialización y los servicios asociados. En numerosos pueblos costeros, la actividad pesquera forma parte de la identidad local y del tejido social, por lo que cualquier crisis de las poblaciones de peces se traduce en problemas económicos y también en tensión social.

Pese a este valor estratégico, muchas reservas de peces han sufrido un declive acusado por la sobrepesca, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), los avances tecnológicos en artes de pesca que incrementan la capacidad de captura y la degradación de hábitats. Casos como el colapso del bacalao en el Atlántico noroccidental en los años 90 evidencian cómo la explotación descontrolada puede provocar daños ecológicos severos y hundir economías locales enteras.

La FAO señala, sin embargo, que en torno al 78 % de las capturas mundiales proceden hoy de poblaciones explotadas de manera sostenible. Este dato, lejos de invitar a la complacencia, demuestra que cuando se aplican sistemas de gestión efectivos, con base científica y buena gobernanza, es posible estabilizar e incluso reconstruir las poblaciones pesqueras. Ejemplos emblemáticos, como la recuperación y posterior consolidación de la pesquería de anchoveta peruana, muestran el potencial de una regulación bien diseñada y respetada.

La gestión pesquera, por tanto, no se limita a fijar cuotas. Implica integrar biología, economía, sociología y derecho en un marco de gobernanza que compatibilice la conservación de los ecosistemas con el sustento de las personas y la viabilidad económica del sector. Este enfoque multidisciplinar es el que está ganando peso en las estrategias de los organismos internacionales y de la Unión Europea.

Gestión pesquera basada en los ecosistemas

La llamada gestión pesquera basada en los ecosistemas (Ecosystem-based fisheries management) propone dejar atrás el enfoque clásico centrado en una sola especie para considerar el conjunto del ecosistema marino. Esto supone evaluar no solo el estado de la población objetivo, sino también sus interacciones con otras especies, el hábitat, las redes tróficas y las presiones ambientales, incluido el cambio climático.

En este marco, el objetivo principal es mantener ecosistemas marinos sanos y resilientes, capaces de soportar la presión pesquera sin colapsar. Para lograrlo, se usan múltiples fuentes de información: datos biológicos de las especies, análisis de las capturas, observaciones del medio físico y químico, y modelos que integran todos estos componentes. El resultado son estrategias más ajustadas a la realidad, que evitan decisiones miope basadas solo en el corto plazo.

Un ejemplo claro de este enfoque es la utilización de los datos del Servicio Marino de Copernicus, el componente oceánico del programa europeo de observación de la Tierra. Variables como la temperatura y salinidad del agua, el espesor de la capa mezclada, las corrientes marinas o los parámetros biogeoquímicos (por ejemplo, la presencia de plancton) se emplean para vigilar los recursos pesqueros, modelizar la dinámica de las poblaciones y anticipar desplazamientos de bancos de peces o cambios en las zonas de desove.

Estos datos permiten desarrollar modelos que predicen la distribución de especies clave, identifican áreas de concentración y ayudan a determinar qué zonas conviene proteger o dónde puede mantenerse un esfuerzo pesquero razonable sin deteriorar el ecosistema. De esta forma, la gestión basada en ecosistemas se traduce en decisiones concretas sobre vedas, tallas mínimas, artes permitidos o limitaciones espaciales y temporales.

La experiencia en distintas regiones demuestra que esta aproximación holística no solo beneficia a la biodiversidad, sino que también proporciona una base más sólida para la estabilidad económica del sector, al evitar subidas y bajadas bruscas en las poblaciones de peces que complican la planificación de las empresas y de las administraciones.

Pesquerías, Zonas Económicas Exclusivas y altamar

Desde el punto de vista jurídico, la mayor parte de las pesquerías del mundo operan dentro de una Zona Económica Exclusiva (ZEE), que se extiende hasta 200 millas náuticas desde la costa y en la que el Estado ribereño tiene derechos soberanos para explotar y gestionar los recursos. Esta base legal permite que cada país establezca sus propias normas de acceso y conservación dentro de su ZEE.

Sin embargo, hay una parte del océano, la llamada altamar, que no pertenece a ningún Estado y que históricamente ha sido una especie de “tierra de nadie” en términos regulatorios. Gestionar la pesca en estas aguas internacionales es un gran reto, pues se requiere la cooperación de muchos países con intereses a menudo divergentes, y la ausencia de un propietario claro dificulta la aplicación de medidas y el control efectivo.

Para afrontar este vacío, se han creado organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP, o RFMOs en inglés), que agrupan a los países con flotas que faenan en determinadas zonas o sobre ciertas especies altamente migratorias, como el atún. Estas entidades negocian medidas de gestión, cuotas de captura, normas técnicas y mecanismos de seguimiento, tratando de equilibrar los intereses de los Estados participantes y la conservación del recurso.

Pese a que cada país ejerce control sobre su propia ZEE, es importante subrayar que ninguna parte del océano es de propiedad privada. Los recursos pesqueros se consideran bienes comunes: son compartidos, abiertos y, en principio, no existe una forma natural de excluir a quienes quieran explotarlos. Si no se establecieran reglas y sistemas de gobernanza, la lógica individual empujaría a cada actor a capturar tanto como pudiera, dando lugar a la conocida “tragedia de los comunes”.

Frente a este riesgo, la gobernanza pesquera debe combinar acción colectiva de los distintos actores y regulación pública. Los instrumentos pueden ir desde cuotas y licencias hasta vedas espaciales y temporales, pasando por controles de esfuerzo pesquero o medidas técnicas sobre artes y tamaños mínimos. En la práctica, la efectividad de estas herramientas depende de la cooperación entre países, de la capacidad de vigilancia y sanción, y del compromiso del propio sector pesquero.

Los tres pilares de una gestión pesquera exitosa

La literatura científica reciente, como la propuesta de Anderson y colaboradores, subraya que una buena gestión pesquera debe apoyarse en tres pilares interconectados: poblaciones de peces saludables, resultados sociales positivos y rentabilidad económica. Este enfoque de triple resultado proporciona un marco para evaluar y comparar el desempeño de diferentes pesquerías.

El primer pilar es el estado biológico de las poblaciones. Las decisiones de gestión deben garantizar que las especies explotadas mantengan tamaños poblacionales que permitan su reproducción y eviten el colapso, teniendo en cuenta interacciones con otras especies y el entorno. Sin peces suficientes en el mar, no hay ni empleo, ni beneficios, ni alimento.

El segundo pilar abarca los resultados sociales: empleo digno, distribución razonable de la renta, mantenimiento de culturas pesqueras tradicionales, seguridad alimentaria y cohesión de las comunidades. La pesca no es solo una industria, sino también una forma de vida y un factor identitario en muchas regiones costeras.

El tercer pilar es la viabilidad económica y la eficiencia. La actividad pesquera necesita ser rentable para que empresas y pescadores puedan seguir operando, invertir en innovación y mejorar sus condiciones laborales. Esto implica tener en cuenta costes (combustible, mantenimiento, salarios, equipos) y precios de mercado, así como la estabilidad a largo plazo de las capturas.

En la práctica, estos tres componentes están fuertemente ligados: la rentabilidad y el sustento dependen del nivel de recursos disponibles, y las decisiones económicas influyen en la presión que se ejerce sobre las poblaciones de peces. Por ello, las autoridades reguladoras deben considerar simultáneamente los aspectos ecológicos, sociales y económicos al diseñar sus políticas, evitando sobrepriorizar uno de ellos en detrimento de los demás.

Rendimiento máximo sostenible (RMS) y rendimiento máximo económico (RME)

Para traducir estos principios en reglas cuantitativas, se utilizan conceptos como el rendimiento máximo sostenible (RMS) y el rendimiento máximo económico (RME). Ambos se representan habitualmente mediante una curva de rendimiento (capturas) en función del esfuerzo pesquero, junto con una recta de costes.

Si se grafica la cantidad de peces capturados frente al esfuerzo (por ejemplo, días de mar, número de barcos o potencia total), la curva de rendimiento crece al principio y luego decrece: con poco esfuerzo, las capturas aumentan conforme entran más barcos; a partir de cierto punto, el exceso de esfuerzo agota tanto el recurso que las capturas totales disminuyen. El RMS se sitúa en la zona donde el rendimiento medio puede mantenerse a largo plazo sin dañar la capacidad de reproducción de la población.

Por otra parte, el coste de pesca suele ser proporcional al esfuerzo (sueldos, combustible, mantenimiento, tasas), generando una línea recta que arranca cerca del origen. El punto donde esta recta se cruza con la curva de rendimiento indica el nivel de esfuerzo a partir del cual pescar deja de ser rentable, ya que el valor de las capturas no compensa los costes.

Dentro de esa zona donde aún hay beneficios, el rendimiento máximo económico (RME) marca el punto en el que la relación entre ingresos y costes es más favorable. Desde el punto de vista de la eficiencia económica del sector de captura, este sería el esfuerzo óptimo para maximizar los beneficios. Sin embargo, el RME suele requerir un esfuerzo algo menor que el que correspondería al RMS, por lo que en la práctica puede traducirse en menos puestos de trabajo directos en el sector de captura y en dejar más peces en el mar.

Si una sola empresa controlara toda la actividad extractiva, tendería a orientarse hacia el RME para maximizar su margen. Si además controlara el procesado y los servicios asociados, el mejor equilibrio global podría aproximarse más al RMS, donde las ganancias agregadas de todos los segmentos serían mayores. De hecho, la mayoría de los grandes reguladores internacionales enfocan sus políticas hacia el RMS para equilibrar beneficios sociales, alimentarios y laborales, mientras que solo algunos, como Australia, incorporan el RME como objetivo legal directo.

El ángulo de la recta de costes también influye: una línea muy empinada (costes altos por unidad de esfuerzo) limita el potencial de empleo y producción, mientras que una línea plana (costes relativamente bajos) puede incentivar la sobrepesca si no hay regulación. Los gestores no controlan todos los factores que determinan estos costes (precio del combustible, demanda de mercado), pero sí disponen de herramientas para modular el esfuerzo pesquero y evitar que el sector supere los umbrales críticos.

La política pesquera en la Unión Europea: TAC y cuotas

En el ámbito europeo, la gestión se rige principalmente por la Política Pesquera Común (PPC), que se asienta sobre una idea básica: no capturar más de lo que los ecosistemas marinos pueden regenerar. Para llevar este principio a la práctica se establecen los Totales Admisibles de Capturas (TAC) para cada especie y zona.

Los TAC representan el volumen máximo de captura permisible de una especie en un período determinado, generalmente un año. Estos límites se fijan a partir de evaluaciones científicas que analizan el estado de las poblaciones, sus tasas de reproducción y mortalidad, así como las incertidumbres asociadas. En la UE, organismos científicos asesoran a la Comisión Europea y a los Estados miembros, que luego acuerdan los TAC en el Consejo.

Una vez fijados los TAC, se distribuyen entre los Estados miembros en forma de cuotas nacionales. Cada país reparte a su vez esas cuotas entre sus flotas, aplicando criterios que pueden incluir históricos de captura, características de las embarcaciones o medidas para favorecer ciertas artes o segmentos. El propósito de este sistema es, por un lado, evitar la sobrepesca mediante límites estrictos y, por otro, garantizar un reparto ordenado y predecible del recurso.

La PPC también contempla obligaciones específicas de consideración social en las decisiones pesqueras. Las regulaciones deben tomar en cuenta el papel de la pesca en el empleo, la seguridad alimentaria y el desarrollo regional, no solo los parámetros biológicos. Esto aproxima el modelo europeo al enfoque de triple resultado, tratando de mantener satisfechos a los distintos usuarios del recurso: pescadores artesanales, flotas industriales, consumidores y comunidades costeras.

En conjunto, el objetivo de la UE es proteger los recursos marinos y la continuidad económica y social del sector pesquero, integrando cada vez más elementos como la transición ecológica, la adaptación al cambio climático y la reducción del impacto ambiental de las flotas.

Observación de la Tierra y cadenas de valor de la pesca sostenible

La pesca sostenible no se entiende hoy sin el apoyo de la observación de la Tierra desde satélites y redes in situ, que proporcionan datos fundamentales sobre el estado del océano y sus ecosistemas. Iniciativas europeas como EU4OceanObs están desarrollando análisis en profundidad de la cadena de valor de estas observaciones en el contexto marino y costero.

Estos estudios de caso abarcan todo el proceso: desde la toma de datos por satélite e instrumentos in situ hasta la elaboración de productos en la nube, servicios de previsión y aplicaciones específicas para la gestión marina y costera. Su finalidad es poner de relieve el papel de la Unión Europea como impulsora de proyectos paneuropeos que apoyan la conservación de los océanos y la pesca responsable.

La contribución del Servicio Marino de Copernicus es especialmente relevante, ya que suministra modelos oceánicos y productos satelitales como temperatura de la superficie del mar, corrientes, color del océano o datos in situ para validación. Estos productos son utilizados por gobiernos, centros de investigación y empresas privadas para tomar decisiones mejor informadas en materia de ordenación pesquera, acuicultura y planificación espacial marina.

En África, por ejemplo, el programa MESA (“Vigilancia del Medio Ambiente y la Seguridad”), integrado en la iniciativa GMES & África de la Unión Africana, se ha comprometido a reforzar la capacidad de gestión de la información y la toma de decisiones en 48 países ACP de cinco regiones africanas. En África Occidental, nuevos servicios liderados por la Universidad de Ghana utilizan los productos de Copernicus Marine para apoyar la gestión de los recursos pesqueros y prever las condiciones oceánicas.

Gracias a estos datos, MESA puede publicar boletines mensuales y mapas de zonas potenciales de pesca en la costa occidental africana, lo que beneficia tanto a pescadores como a responsables políticos al facilitar una explotación más racional de los recursos. De forma similar, en el Pacífico, el Programa de Pesca Oceánica de la Comunidad del Pacífico actualiza modelos de abundancia de atunes en función de fenómenos como El Niño, apoyándose en variables como temperatura superficial, nutrientes, producción primaria y oxígeno disuelto.

Identificación de las mejores zonas de pesca y adaptación al cambio climático

La combinación de datos oceanográficos y modelos ecológicos permite localizar de forma más precisa las áreas con mayor potencial de pesca y anticipar cambios derivados del calentamiento global. Las autoridades, las flotas y los productores de acuicultura pueden así adaptar sus estrategias a medio y largo plazo.

Un ejemplo concreto es el proyecto portugués SIMOcean, coordinado por la empresa de ingeniería DEIMOS Engenharia. Su objetivo es integrarse en un sistema gubernamental que abra y simplifique el acceso a los datos marinos nacionales, facilitando la toma de decisiones en materia de ordenación de zonas de pesca y otras actividades marítimas.

SIMOcean proporciona a las administraciones lusas una herramienta de apoyo a decisiones para caracterizar áreas de pesca clave. Para ello recurre a datos del Servicio Marino de Copernicus, como el color del océano y la temperatura superficial, que se utilizan como variables ambientales en modelos de distribución de especies de interés comercial, por ejemplo sardina y caballa.

El resultado es un Servicio de Caracterización de Zonas Pesqueras que permite a las autoridades reforzar la vigilancia en las áreas donde se concentran especies sensibles como la sardina, ajustar el esfuerzo pesquero y establecer medidas de protección cuando sea necesario. Este tipo de herramientas también ayudan a modelizar el impacto del cambio climático en caladeros y granjas de acuicultura, orientando la selección de ubicaciones para jaulas marinas o la diversificación hacia nuevas especies.

Programas similares en otras regiones, como el Pacífico, utilizan información sobre fenómenos climáticos (por ejemplo, El Niño) y parámetros oceanográficos para relocalizar áreas de pesca de atún a medida que se desplazan los bancos. Estas iniciativas demuestran cómo la gestión adaptativa basada en datos puede reducir riesgos ecológicos y económicos en un escenario de cambio climático acelerado.

Casos de éxito en la gestión pesquera

La idea de que la sobrepesca es inevitable empieza a quedar obsoleta gracias a experiencias de gestión pesquera exitosa repartidas por todo el planeta. En muchos casos, la combinación de ciencia sólida, aplicación rigurosa de las normas y participación de las partes interesadas ha permitido recuperar poblaciones muy degradadas.

Uno de los casos más citados es el de la anchoveta peruana. Esta pesquería estuvo cerca del colapso en la década de 1970, pero gracias a reformas profundas, sistemas de cuotas individuales, monitorización intensiva y una gobernanza que involucra a la industria y a las autoridades, se ha transformado en un referente mundial. Hoy sigue siendo la mayor pesquería monospecífica del mundo y contribuye significativamente al suministro global de alimentos, tanto de forma directa como a través de productos derivados.

La lección que dejan estos ejemplos es que, cuando se cuenta con límites de captura bien fundamentados, vigilancia eficaz y compromiso del sector, es factible estabilizar e incluso incrementar las poblaciones objetivo. La gestión pesquera se convierte así en una inversión de futuro, no solo ambiental sino también económica y social.

En paralelo, muchos países están reforzando sus marcos legales contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), incrementando los controles de desembarques, el seguimiento vía sistemas de localización de buques y la cooperación internacional. Sin estos elementos de cumplimiento, cualquier diseño de gestión, por excelente que sea sobre el papel, tiene pocas posibilidades de prosperar.

La creciente disponibilidad de tecnologías de seguimiento satelital, análisis de datos masivos y plataformas de información en tiempo real facilita detectar irregularidades, mejorar la transparencia y empoderar tanto a las administraciones como a los propios pescadores que cumplen las reglas y reclaman un terreno de juego equitativo.

Formación avanzada en gestión pesquera: el Máster de Alicante

La complejidad de la gestión pesquera moderna hace imprescindible contar con profesionales altamente cualificados y con visión multidisciplinar. En este sentido, uno de los programas académicos más consolidados en el ámbito hispanohablante es el Máster oficial en gestión y evaluación de recursos pesqueros que se celebra en Alicante.

Este Máster está organizado conjuntamente por la Universidad de Alicante (UA), el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), a través del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España, mediante la Secretaría General de Pesca. Además, cuenta con el apoyo técnico de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) y del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, dentro de sus respectivos mandatos.

Para ediciones recientes, el programa ha sumado colaboraciones de entidades del sector atunero como Casa Mediterráneo, AGAC, ANABAC y OPAGAC, lo que refuerza la conexión entre la formación académica y la realidad profesional. Desde su lanzamiento en 2004, el Máster se imparte cada dos años y está completamente integrado en el Espacio Europeo de Educación Superior, con un total de 120 ECTS repartidos en dos cursos académicos.

La primera parte se desarrolla de octubre a junio (60 ECTS), y la segunda de septiembre a julio (otros 60 ECTS). La estructura combina clases teóricas, prácticas, análisis de casos y proyectos de investigación aplicada, con una fuerte orientación internacional e interprofesional, lo que facilita el intercambio de experiencias entre estudiantes de distintos países.

Entre las competencias que adquieren los participantes destacan: la capacidad para analizar el sistema pesquero en su conjunto (explotación, comercialización, evaluación y gestión), una visión integradora que abarca biología, economía, derecho y sociología, experiencia en el uso de nuevas técnicas y métodos para desarrollar modelos de gestión más eficaces y adaptados al contexto social y ambiental, así como un primer contacto sólido con la investigación aplicada a problemas reales del sector.

Perfil profesional y retos de cooperación internacional

Los egresados de programas como el Máster de Alicante están llamados a convertirse en asesores clave para administraciones, flotas y organizaciones sociales. Sus conocimientos les permiten evaluar el estado de los recursos, proponer medidas de regulación, negociar en foros internacionales y diseñar estrategias que compatibilicen sostenibilidad ecológica y desarrollo económico.

Resulta especialmente relevante el papel que juegan en la creación de un lenguaje y método común entre expertos de distintos países que comparten pesquerías. Dado el carácter internacional de muchos recursos marinos, la cooperación entre Estados es esencial para que las medidas de ordenación funcionen. Sin especialistas capaces de entender tanto los aspectos técnicos como los marcos legales y las dinámicas sociales, avanzar hacia una gestión cooperativa es mucho más difícil.

Estos profesionales pueden trabajar en niveles diversos de la administración (local, regional, estatal, supranacional), en organizaciones internacionales, en asociaciones de productores, en ONG ambientales o en empresas privadas. También desempeñan un papel importante como mediadores entre ciencia, política y sector pesquero, ayudando a traducir hallazgos científicos en normas comprensibles y aceptables para los distintos actores.

La formación de este tipo de perfiles es, por tanto, un componente crucial de la transición hacia modelos más sostenibles de gestión, especialmente en regiones como el Mediterráneo, donde la gran diversidad de especies, flotas y regímenes de propiedad obliga a apostar por enfoques basados en el control del esfuerzo y en una cooperación muy estrecha entre países ribereños.

Transición ecológica y nuevos perfiles profesionales: el proyecto PESCA-HAB

La transformación del sector pesquero en clave de sostenibilidad también requiere programas específicos de capacitación para desempleados y jóvenes profesionales que deseen incorporarse al ámbito de la economía azul. Un ejemplo reciente en España es el proyecto PESCA-HAB, diseñado para reforzar la transición ecológica mediante la formación en ocupaciones clave.

Esta iniciativa se centra en preparar a personas desempleadas para dos perfiles prioritarios: especialistas en sostenibilidad y biodiversidad marina y especialistas en investigación de recursos naturales y ecosistemas acuáticos. El foco recae en quienes cuentan con estudios o experiencia previa en materias relacionadas con la sostenibilidad (ciencias ambientales, sociales y económicas), así como en ámbitos de análisis de datos, estadística, informática y Big Data.

El proyecto se desarrolla en territorios con fuerte vinculación al sector pesquero como Galicia y Andalucía, buscando tanto dotar de competencias avanzadas a los participantes como facilitar su inserción laboral. De este modo, se contribuye a crear una nueva generación de técnicos capaces de manejar información compleja, interpretar modelos y proponer soluciones alineadas con los objetivos climáticos y de conservación.

En la práctica, PESCA-HAB y otras iniciativas similares ayudan a cubrir la creciente demanda de perfiles híbridos entre ciencia marina, análisis de datos y gestión, que son imprescindibles para aprovechar al máximo los sistemas de observación, las bases de datos globales y las nuevas herramientas digitales que están revolucionando la ordenación de las pesquerías.

Este tipo de proyectos demuestra que la transición ecológica no solo implica nuevas normas, sino también la creación de oportunidades de empleo cualificado en ámbitos punteros, dando salida profesional a jóvenes con formación especializada y reciclaje a personas desempleadas procedentes de sectores en reconversión.

Al reunir todos estos elementos —gestión basada en ecosistemas, uso intensivo de datos de observación, marcos regulatorios como los TAC europeos, refuerzo de la cooperación internacional, formación avanzada y creación de nuevos perfiles profesionales—, la gestión pesquera moderna se erige como una herramienta capaz de garantizar que los océanos sigan aportando alimento, empleo y estabilidad a largo plazo, apoyándose en ecosistemas marinos resilientes, economías pesqueras viables y sociedades costeras más seguras y cohesionadas.