- Actuación conjunta en la calle 2 de la Zona Franca por una grave plaga de ratas en el mayor asentamiento de Barcelona.
- Se retiran parte de las tiendas para aplicar tratamientos químicos y fitosanitarios en la zona más afectada.
- Entre 175 y 300 personas sin hogar, en su mayoría en situación administrativa irregular, se ven impactadas.
- Las administraciones hablan de “levantamiento por salubridad” mientras entidades sociales denuncian un desalojo encubierto y falta de alternativas reales.
El mayor asentamiento de personas sin hogar de Barcelona, situado en la calle 2 del polígono industrial de la Zona Franca, vive estos días un punto de inflexión. La detección de una plaga de ratas ha motivado un amplio dispositivo institucional para vaciar parcialmente el campamento y permitir la desratización y limpieza intensiva de la zona.
Las administraciones hablan de un “levantamiento por motivos de salubridad” y subrayan que no se trata de un desalojo clásico, pero para muchos de los habitantes, que llevan meses o incluso años malviviendo en tiendas de campaña, la realidad se parece mucho a que les echen sin una alternativa clara. Mientras unos recogen lo poco que tienen para moverse unos metros más allá, otros miran con preocupación cómo se vallan los parterres donde hasta ahora dormían.
Dispositivo por salubridad ante una plaga de ratas
Desde primera hora de la mañana, furgonetas de la Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y equipos de limpieza han tomado la calle 2 del polígono. Los agentes y personal de limpieza han accedido con equipos de protección —monos blancos y mascarillas— para informar a los acampados de que debían abandonar la zona en la que se iba a intervenir y empezar a retirar las tiendas de campaña.
El operativo está coordinado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Consorcio de la Zona Franca (CZFB), la Generalitat y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Según ha detallado el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, el objetivo es “sanear el terreno” donde se ha detectado una presencia importante de roedores, alimentada por la acumulación de residuos y la densidad humana del asentamiento.
En esta franja de la Zona Franca, el campamento ocupa unos 400 metros de parterre junto a la calle 2. Se calcula que en ese espacio viven habitualmente en torno a 175 personas, aunque algunas entidades sociales elevan la cifra y hablan de hasta 300 residentes entre tiendas y chabolas improvisadas. El dispositivo se centra en el tramo donde se ha detectado más actividad humana y, por tanto, mayor presencia de ratas.
El consistorio insiste en que se trata de una “operación sectorizada”, es decir, no se interviene sobre todo el asentamiento a la vez, sino sobre la parte considerada más problemática desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, en la práctica, el vallado y la limpieza han acabado afectando al parterre completo en esta fase.
“No es un desalojo”: la versión del Ayuntamiento y el Consorcio
La comisionada de Acción Social del Ayuntamiento, Sònia Fuertes, ha recalcado en varias ocasiones que “no es un desalojo” sino un levantamiento temporal por razones de salud pública. Según asegura, las personas acampadas tenían información previa del operativo y se les ha explicado que en la parte donde se aplicarán productos químicos y fitosanitarios no pueden permanecer porque serían sustancias potencialmente lesivas para su salud.
Fuertes subraya que “no se les pide que se vayan de la ciudad ni se cuestiona dónde dormirán”, sino que se les requiere abandonar solo la zona concreta que debe tratarse. Desde el consistorio se insiste en que, una vez la desratización y la limpieza hayan hecho efecto y no queden restos de químicos, los residentes podrán volver a instalarse en el parterre si así lo desean.
Pere Navarro, por su parte, defiende que la actuación es “imprescindible para garantizar la salubridad”. A su juicio, la concentración de ratas en el asentamiento pone en riesgo tanto a las personas que viven en las tiendas como a las que acuden diariamente a trabajar al polígono industrial. El representante del CZFB asegura que desde hace tiempo se trabaja con los residentes para ofrecerles alternativas de integración “lo más dignas posible”.
Fuentes municipales apuntan que, durante el mes de enero, se ha desplegado un dispositivo específico en la calle 2, con la participación de equipos de atención a solicitantes de asilo, servicios especializados de espacio público y dispositivos contra el sinhogarismo. Se habrían ofrecido recursos como comedores sociales, cursos de formación, entrevistas personales, derivaciones a centros de reducción de daños y plazas puntuales en centros de acogida.
La comisionada detalla que los equipos de calle y el SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados) intervienen en el asentamiento “desde 2024” y que el trabajo se intensificó durante 2025 y enero de 2026, en coordinación con la Cruz Roja, que ha desarrollado un dispositivo sanitario para evaluar el estado de salud de los habitantes.
La otra cara del operativo: testimonios y críticas de entidades
Mientras la versión oficial insiste en la salubridad, sobre el terreno la percepción es muy distinta. Muchos de los residentes hablan abiertamente de desalojo encubierto, que llega sin ofrecerles una alternativa de vivienda estable y con temor a perder sus escasas pertenencias. Algunos, directamente, niegan haber recibido la información y ayudas que aseguran las administraciones.
Edwin, un cocinero colombiano en situación irregular que lleva un año en el asentamiento, explica que decidió mover su tienda hasta la Ronda Litoral tras enterarse del operativo. Asegura que “siempre ha habido ratas” en los parterres, que nunca ha visto una intervención real de servicios sociales y que lo que más les preocupa es la presencia de Policía Nacional por su situación administrativa. “Los que se quedan no es que quieran quedarse, es que no tienen a dónde ir”, resume.
Otros jóvenes, como Moha o Ahmed, relatan la misma sensación de incertidumbre. Ahmed, un algeriano que lleva dos años en el campamento, cuenta cómo los trabajadores sociales entraron en su tienda y le mostraron en árabe en un teléfono móvil que tenía que irse, sin aclararle dónde ni por cuánto tiempo. “¿Y ahora adónde vamos?”, se pregunta, mientras prepara sus cosas para moverse a un pequeño bosque cercano.
Las organizaciones que acompañan a los residentes también se muestran muy críticas. Representantes de Papeles para Todos, la Fundación Arrels, el Sindicato de Inquilinas y la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), presentes durante la actuación, denuncian que la operación es “desproporcionada” y que no se está garantizando ni la información ni los derechos de las personas afectadas.
Desde Arrels, su departamento jurídico cuestiona que se hable de una simple operación de limpieza cuando, en la práctica, se está procediendo a un desalojo temporal masivo con “dudosa legalidad y garantías”. Papeles para Todos insiste en que muchas de las personas que malviven en la calle 2 cumplen condiciones para acceder a procesos de regularización por su tiempo de empadronamiento, y reclaman que no se responda con operativos policiales a lo que consideran un problema estructural de vivienda.
Quién vive en el mayor asentamiento de Barcelona
El campamento de la calle 2 de la Zona Franca se ha convertido, con el paso de los años, en el mayor asentamiento de personas sin hogar de la ciudad. Según el Ayuntamiento, surgió a finales de 2023, se consolidó durante 2024 y en diciembre de 2026 formaba parte de un mapa de 53 asentamientos y 44 locales ocupados en Barcelona, donde vivían unas 483 personas, sin contar las casi 1.800 que dormían directamente en la calle.
En este improvisado barrio conviven perfiles muy diversos, con predominio de personas de origen subsahariano, magrebí, latinoamericano y de Europa del Este. Muchos llegaron tras haber pasado por otros asentamientos desmantelados, como los de la avenida de Vallcarca, los parques de la Estació del Nord o Joan Miró, o el conocido B9 de Badalona. El flujo constante de desalojos en distintos puntos del área metropolitana ha terminado concentrando a buena parte de estas personas en la Zona Franca.
El atractivo de este emplazamiento no tiene nada que ver con el entorno urbano —un área industrial dominada por camiones y naves—, sino con el espacio disponible y la proximidad de un centro de día municipal para personas sin hogar. Allí pueden comer, ducharse, cargar el móvil y recibir cierta atención social, algo que para muchos es la única red mínima de apoyo con la que cuentan en Barcelona.
Según el área de servicios sociales, de las 175 personas censadas en el asentamiento, en torno a 130 se habrían vinculado de alguna manera a recursos municipales. De ellas, 108 habrían pasado por el SAIER para recibir asesoramiento o derivaciones; 13 jóvenes de entre 18 y 25 años habrían accedido a formación o talleres; y unas 25 personas estarían siendo atendidas por el SAsSEP (Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público), con una decena con un plan de trabajo activo.
Sin embargo, sobre el terreno, muchos residentes y colectivos niegan que esa vinculación sea tan amplia y estable como indican las cifras. Algunas personas explican que la única oferta concreta que han recibido tras el levantamiento ha sido una cama en un polideportivo por una sola noche, sin posibilidad de llevar sus pertenencias, lo que genera recelos y hace que muchos opten por desplazarse a zonas arboladas cercanas o a otros puntos de la ciudad.
Entre la salubridad y el derecho a vivienda
El fondo del conflicto va mucho más allá de la presencia de ratas. La plaga actúa como disparador de un problema estructural: la combinación de falta de vivienda asequible, aumento del sinhogarismo y situación administrativa irregular de una parte importante de quienes viven en estos asentamientos. Un cóctel que complica enormemente cualquier salida rápida y digna.
El Ayuntamiento argumenta que la operación es una cuestión de salud pública: se trata de evitar riesgos sanitarios tanto para los ocupantes como para las empresas y trabajadores del polígono. La Agencia de Salud Pública respalda el uso de productos químicos y fitosanitarios para eliminar la plaga de roedores, algo incompatible con la permanencia de personas en el área tratada durante varios días.
Las entidades sociales, por su parte, recuerdan que las ratas no aparecen de la noche a la mañana. Denuncian que no se ha actuado con suficiente antelación ni se ha invertido lo necesario en prevención, limpieza regular y alternativas habitacionales, y que ahora se aprovecha la emergencia sanitaria para vaciar una parte clave del mayor asentamiento de la ciudad, sin ofrecer soluciones reales y estables.
En este contexto, las críticas apuntan también al uso intenso de fuerzas policiales en dispositivos que afectan, sobre todo, a personas en situación vulnerable. Aunque la Policía Nacional ha identificado a decenas de residentes sin practicar detenciones, el simple despliegue genera miedo entre quienes no tienen papeles y temen ser expulsados o ver requisadas sus escasas posesiones.
Los propios moradores lo resumen de forma cruda: “No somos criminales, solo queremos trabajar y tener un techo”. Personas como Estefanía, joven colombiana que alterna trabajos de cuidados y limpieza, o Jacub, que acaba de salir del hospital tras un ingreso por epilepsia, señalan que, pese a la dureza de la vida en tiendas de campaña, en el asentamiento encuentran algo de apoyo mutuo y sensación de comunidad que temen perder con cada nuevo operativo.
Lo que está ocurriendo en la calle 2 de la Zona Franca ilustra cómo una plaga de ratas puede convertirse en el detonante visible de un problema mucho más profundo: la falta de respuestas estructurales al sinhogarismo y a la exclusión residencial en Barcelona. Mientras las administraciones hablan de levantamientos temporales y de dispositivos de atención social, y las entidades denuncian desalojos encubiertos y alternativas insuficientes, cientos de personas continúan haciendo y deshaciendo sus tiendas de campaña, desplazándose unos metros más allá en busca de un lugar donde pasar la noche sin saber cuánto tiempo podrán quedarse.
