- Once tortugas protegidas y siete jilgueros fueron intervenidos en una nave de Paracuellos del Jarama por el Seprona.
- Los animales carecían de documentación, procedencia acreditada y condiciones adecuadas, por lo que fueron trasladados al CRAS.
- El responsable de la nave está siendo investigado por un delito contra la fauna y la flora por tenencia de especies protegidas.
- Las tortugas están incluidas en el convenio CITES y los jilgueros están catalogados como especie silvestre protegida en España.
La intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en una nave de Paracuellos del Jarama ha destapado un nuevo caso de tenencia irregular de fauna protegida, un fenómeno también documentado en casos de tráfico y traslado de ejemplares como el que rescatan 150 tortugas y 100 loros. En el interior del inmueble se localizaron once tortugas y varios pájaros que carecían de la documentación necesaria y despertaron las sospechas de los agentes por tratarse, aparentemente, de especies especialmente protegidas.
Tras la inspección, los agentes procedieron a la incautación de once tortugas y siete jilgueros, ejemplares sobre los que existían indicios más claros de tratarse de fauna protegida. El caso se ha puesto en manos de la autoridad judicial y el responsable de la nave está siendo investigado por un posible delito contra la fauna y la flora.
Hallazgo de tortugas protegidas y aves en una nave de Paracuellos
Según la información facilitada por la Guardia Civil, la actuación del Seprona se inició a raíz del aviso de la propietaria de la nave, que alertó de la presencia de numerosos animales dentro del local alquilado. La mujer explicó que el inquilino acudía únicamente de vez en cuando para darles de comer, lo que levantó dudas sobre el bienestar y la situación legal de los ejemplares.
Cuando los agentes accedieron al interior del inmueble encontraron más de 40 aves, entre canarios, jilgueros e híbridos de estas dos especies, además de 11 tortugas. La visión general de la nave, con decenas de pájaros y los quelonios distribuidos en el interior, llamó la atención por la ausencia de documentación y la falta de información clara sobre la procedencia de los animales.
Ante este escenario, el Seprona revisó las condiciones en las que se encontraban los ejemplares y comprobó que no existía ningún tipo de autorización ni papeles que acreditaran su origen. Esta combinación de factores llevó a los agentes a centrar su actuación en aquellos animales que, por sus características, podían estar sometidos a un nivel de protección más estricto.
Fue entonces cuando se decidió la aprehensión de siete jilgueros y once tortugas, considerados los especímenes con indicios más evidentes de protección legal. Los restantes pájaros, principalmente canarios y ejemplares híbridos, permanecieron en la nave al no constar, en principio, el mismo grado de protección, aunque durante la inspección se localizaron también siete aves muertas.
Traslado de los animales al Centro de Recuperación de Animales Silvestres
Los ejemplares intervenidos fueron trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid. Este tipo de centros se encarga de valorar el estado de los animales, proporcionarles atención veterinaria especializada y determinar las posibilidades de su recuperación y, si es viable, su futura reintroducción en el medio natural.
El ingreso en el CRAS se produjo, fundamentalmente, por tres motivos principales: la ausencia total de documentación que acreditase la tenencia legal, las dudas sobre las condiciones de alojamiento y manejo de los ejemplares y la sospecha razonable de que se trataba de fauna protegida. En este contexto, la prioridad de los agentes fue garantizar el bienestar inmediato de las tortugas y de los jilgueros.
Una vez en el centro, especialistas en fauna silvestre realizaron los pertinentes informes técnicos sobre cada uno de los animales intervenidos. Estos dictámenes resultan clave tanto para confirmar el grado de protección de las especies como para aportar pruebas en el procedimiento penal abierto contra el responsable de la nave.
El informe elaborado concluyó que todos los ejemplares incautados eran, efectivamente, especies incluidas en catálogos de protección. En el caso de las tortugas, se confirmó su pertenencia a especies recogidas en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, mientras que los jilgueros intervenidos se corresponden con fauna silvestre protegida en España.
Las tortugas y el Convenio CITES: qué implica su protección
Las tortugas retenidas en la nave de Paracuellos del Jarama forman parte del grupo de quelonios protegidos por el Convenio CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre). Este tratado internacional, suscrito por la Unión Europea y por España, regula el comercio de miles de especies de animales y plantas para evitar que su explotación ponga en riesgo su supervivencia.
La inclusión de estas tortugas en CITES implica que su tenencia, transporte, cría y compraventa están sujetos a un rígido sistema de permisos y certificados. Cualquier ejemplar debe ir acompañado de la documentación que acredite su origen legal, ya sea de cría en cautividad autorizada o de importación controlada. Carecer de esos documentos, como ocurría en este caso, es un indicio claro de posible irregularidad.
Además de los requisitos documentales, la normativa exige que estos animales se mantengan en condiciones adecuadas de bienestar y seguridad, algo que también fue puesto en duda por los agentes durante la inspección. La suma de falta de papeles, dudas sobre el origen y sospechas sobre el estado de los ejemplares llevó a priorizar la protección de las tortugas mediante su traslado inmediato al CRAS.
En el ámbito europeo, el convenio CITES se aplica a través de diversos reglamentos comunitarios que endurecen los controles sobre las especies más sensibles. Que unas tortugas estén en esas listas significa, en la práctica, que su comercio queda reservado a supuestos muy tasados y bajo vigilancia administrativa constante, de manera que cualquier circuito paralelo o sin registrar se considera especialmente grave.
El jilguero como especie silvestre protegida en España
El otro grupo de animales intervenidos por el Seprona fueron siete ejemplares de jilguero, ave muy conocida en España por su canto y su presencia en entornos rurales y periurbanos. A pesar de su relativa abundancia, la legislación española lo considera especie silvestre protegida, lo que limita de forma muy estricta lo que se puede hacer con estos animales.
La normativa vigente prohíbe de manera expresa la captura, muerte, comercio y tenencia de jilgueros silvestres. Esto significa que no está permitido capturarlos en el campo para mantenerlos en jaulas, venderlos o intercambiarlos si proceden directamente de la naturaleza. Cualquier actividad de este tipo, cuando no cuenta con autorizaciones muy concretas y excepcionales, se sitúa fuera de la ley.
En la nave de Paracuellos del Jarama, los agentes encontraron jilgueros junto con canarios e híbridos, una combinación relativamente habitual en entornos donde se crían aves por su canto o por afición. Sin embargo, el hecho de que hubiera ejemplares de una especie protegida sin documentación y mezclados con otras aves de menor nivel de protección encendió todas las alarmas.
De ahí que el Seprona optase por incautar únicamente los jilgueros y las tortugas, dejando al margen a los canarios y a los híbridos, que no contaban con el mismo grado de protección legal. La presencia de siete aves muertas en el interior del local reforzó además las dudas sobre las condiciones de mantenimiento del conjunto de los animales presentes en la nave.
Investigación penal y posible delito contra la fauna y la flora
La actuación de la Guardia Civil culminó con la detención del hombre que tenía alquilada la nave, considerado presunto autor de un delito contra la fauna y la flora por la tenencia de especies protegidas sin la documentación ni las condiciones exigidas por la normativa. La detención se produjo el pasado 14 de abril, tras la intervención de los animales y la recopilación de los primeros indicios.
Posteriormente, el investigado quedó en libertad tras pasar a disposición judicial, como suele ser habitual en este tipo de casos, quedando a la espera de la evolución del procedimiento y de las decisiones que adopte el juzgado competente. Mientras tanto, los informes técnicos del CRAS y de los especialistas en fauna servirán para apuntalar la acusación o para matizar el alcance de la responsabilidad penal.
El delito contra la fauna y la flora, recogido en el Código Penal español, castiga la posesión, tráfico o comercio de especies protegidas cuando se hace al margen de la normativa. El simple hecho de tener animales incluidos en CITES o catalogados como protegidos, sin los permisos pertinentes o en condiciones que pongan en peligro su vida o integridad, puede ser suficiente para que se abra causa penal.
En este caso, la combinación de once tortugas amparadas por el convenio internacional y de varios jilgueros protegidos en territorio español configura un escenario especialmente delicado desde el punto de vista legal. A ello se suma la muerte de varias aves en el interior de la nave, un elemento que puede ser tenido en cuenta a la hora de valorar el grado de desprotección al que estaban sometidos los animales.
La labor del Seprona frente a la tenencia ilegal de especies protegidas
Este tipo de intervenciones se enmarca en la actividad habitual del Seprona, unidad de la Guardia Civil especializada en la protección del medio ambiente y de la fauna en todo el territorio nacional. Sus funciones van desde la vigilancia de espacios naturales hasta la persecución del tráfico ilegal de animales y plantas, pasando por la inspección de núcleos zoológicos, criaderos y establecimientos relacionados con la fauna.
En el ámbito de las especies protegidas, el objetivo de estos operativos es prevenir y desmantelar circuitos de comercio o tenencia irregulares, tanto a pequeña como a gran escala. Aunque algunos casos puedan parecer de menor entidad —como la tenencia particular de unos cuantos ejemplares en una nave o en un domicilio—, las autoridades recuerdan que cada animal protegido que se saca de su entorno o se mueve sin control supone una presión añadida para la biodiversidad.
La Guardia Civil insiste en que la posesión de fauna protegida sin autorización no es una mera infracción administrativa, sino que puede acarrear consecuencias penales. Las sanciones van desde multas importantes hasta penas de prisión en los supuestos más graves, especialmente cuando se demuestra la existencia de redes organizadas o un ánimo de lucro continuado.
En el caso concreto de Paracuellos del Jarama, la intervención ha servido para poner bajo protección a once tortugas y varios jilgueros cuyo origen se desconoce y que, sin la actuación policial, habrían continuado en una situación irregular. El seguimiento que realicen ahora los técnicos del CRAS y los órganos judiciales permitirá determinar el destino final de los animales y depurar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
Lo ocurrido en esta nave madrileña pone de relieve hasta qué punto la fauna protegida sigue siendo objeto de tenencia y comercio al margen de la ley, incluso en entornos urbanos o periurbanos donde podría pensarse que este problema está más controlado. La combinación de normativa internacional, legislación europea y leyes estatales busca precisamente evitar que casos como este se repitan, pero la colaboración ciudadana y la actuación de unidades como el Seprona siguen siendo fundamentales para detectar y frenar estas prácticas.
