- El SEPRONA localiza cuatro tortugas mediterráneas en un corral de una casa de Alella sin documentación legal
- La especie Testudo hermanni está catalogada en peligro de extinción y su tenencia está estrictamente regulada
- El propietario, de 62 años, es investigado por un presunto delito contra la protección de la fauna
- Los ejemplares han sido trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Torreferrussa
Cuatro ejemplares de tortuga mediterránea en peligro de extinción han sido intervenidos en una vivienda de Alella (Maresme, Barcelona) tras una actuación de la Guardia Civil. Los animales, localizados en un corral del exterior de la finca, carecían de toda la documentación necesaria para justificar su origen y su tenencia legal.
La operación, llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), se ha saldado con la investigación del propietario de la casa, un hombre de 62 años, por un presunto delito contra la protección de la fauna. Las tortugas han sido trasladadas a un centro especializado, donde recibirán atención veterinaria y se decidirá su futuro.
Una inspección por posible maltrato canino que destapa las tortugas
La intervención se inició a raíz de un aviso ciudadano registrado en la sede electrónica de la Guardia Civil, en el que se denunciaba la posible presencia de perros en mal estado en un inmueble de Alella. La alerta llegó el 21 de abril y activó una inspección por parte de los agentes del SEPRONA de Premià de Mar.
Durante la visita, los guardias civiles comprobaron que los perros se encontraban en buenas condiciones, tanto físicas como sanitarias, por lo que descartaron indicios de maltrato canino. Sin embargo, al revisar el exterior de la finca, observaron desde la valla de un corral la presencia de varias tortugas terrestres.
Los agentes accedieron al cercado y identificaron los animales como tortugas mediterráneas (Testudo hermanni), una especie estrictamente protegida. En ese momento, solicitaron al propietario de la vivienda la documentación que acreditase su origen legal y la autorización de su tenencia, tal y como establece la normativa.
El dueño de la finca, de 62 años, reconoció que no disponía de ningún tipo de documento que avalase la procedencia de los ejemplares. Según relató a los agentes, las tortugas le habrían sido entregadas aproximadamente dos años antes por otra persona que pretendía soltarlas en el monte, y él las habría mantenido desde entonces en el corral.
Ante la ausencia total de justificantes y el carácter protegido de la especie, el SEPRONA procedió a intervenir los cuatro ejemplares hallados en la propiedad y a instruir diligencias contra el propietario por un posible delito contra la fauna silvestre, poniéndose el caso en manos del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Mataró.
Una especie autóctona y fuertemente amenazada
La tortuga mediterránea, de nombre científico Testudo hermanni, es uno de los reptiles más emblemáticos de la fauna ibérica, pero también uno de los más amenazados. En España, su presencia natural se limita principalmente a Catalunya y Baleares, donde se considera una especie autóctona de gran valor ecológico.
En el ámbito estatal, la especie está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como «en peligro de extinción» para su población peninsular. En Catalunya, figura asimismo en el Catálogo de fauna salvaje autóctona amenazada dentro de la misma categoría, lo que obliga a aplicar medidas muy estrictas de protección y conservación.
Históricamente, la tortuga mediterránea estaba ampliamente distribuida por el prelitoral catalán, pero la pérdida y fragmentación de su hábitat, los incendios forestales, la captura ilegal y el comercio de mascotas redujeron drásticamente sus poblaciones. En la actualidad, solo se mantiene una población autóctona salvaje consolidada en la sierra de la Albera, en el Alt Empordà.
Los datos disponibles apuntan a que esta población ocupa alrededor de 130 kilómetros cuadrados y estaría compuesta por unos 6.000-7.000 ejemplares, muy dispersos y con densidades relativamente bajas. El resto de núcleos presentes en Catalunya proceden en buena parte de programas de reintroducción iniciados en los años ochenta, así como de liberaciones incontroladas y escapes de ejemplares mantenidos en cautividad.
Durante décadas, la tortuga mediterránea fue un animal habitual en mercados y tiendas, especialmente en Barcelona, donde se vendían ejemplares provenientes tanto de Baleares como de diversos países de Europa del Este. Aunque ese comercio está prohibido desde hace años, todavía hoy persisten numerosos individuos en viviendas particulares, muchas veces heredados de generación en generación gracias a la elevada longevidad de la especie, que puede superar sin problemas los 50 años.
Marco legal y controles sobre la tenencia de tortugas mediterráneas
La situación de amenaza en la que se encuentra la especie ha llevado a establecer un entramado legal muy riguroso en cuanto a su tenencia, transporte y comercio tanto en España como en el resto de la Unión Europea. No se trata de un animal de compañía cualquiera y su posesión sin papeles puede tener consecuencias penales.
Además de su inclusión en los catálogos estatal y autonómico de especies amenazadas, la tortuga mediterránea figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. A nivel internacional, está protegida en el Apéndice II del Convenio CITES (sobre el comercio de especies amenazadas) y en el Anexo A de la normativa europea sobre comercio de fauna y flora silvestres.
Todo este marco implica que, para tener legalmente un ejemplar, es imprescindible disponer de documentación que acredite su origen legal (por ejemplo, procedencia de un criador autorizado o de un centro oficial) y cumplir determinadas condiciones de custodia. El simple hecho de mantener tortugas mediterráneas sin esa acreditación puede constituir un ilícito administrativo o, en determinados casos, un delito contra la protección de la fauna.
La normativa también establece controles estrictos sobre el transporte y la compraventa de estos animales. Cualquier traslado debe justificarse, y el comercio solo puede realizarse si se cumplen las exigencias de CITES y de la legislación comunitaria, con el correspondiente trazado documental.
En el caso de Alella, la ausencia total de documentación y el carácter protegido de la especie han motivado la actuación de los agentes del SEPRONA, que han activado la vía penal. El Juzgado de guardia de Mataró instruye ahora las diligencias para determinar la responsabilidad del propietario y las posibles sanciones.
Traslado al centro de recuperación de Torreferrussa
Una vez intervenidos los cuatro ejemplares en la finca de Alella, la Guardia Civil procedió a su traslado al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Torreferrussa, ubicado en el municipio de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Este equipamiento de la Generalitat está especializado en la atención de animales silvestres heridos, decomisados o en situación irregular.
En el centro, los técnicos realizan una revisión veterinaria completa para evaluar el estado de salud de las tortugas mediterráneas intervenidas: condición física, posibles lesiones, presencia de parásitos y cualquier otra incidencia que pueda comprometer su bienestar.
En función de los resultados y de su origen, se decidirá el destino más adecuado para los ejemplares. En algunos casos, si se cumplen las condiciones y no se pone en riesgo a las poblaciones silvestres, se valora la posibilidad de incorporarlos a programas de conservación o mantenerlos bajo custodia permanente en instalaciones controladas.
Los centros de recuperación como Torreferrussa desempeñan un papel clave en la lucha contra el comercio ilegal y la tenencia irregular de fauna protegida, ya que actúan como receptores de los animales intervenidos y como soporte técnico para las autoridades ambientales y judiciales.
Más allá de la atención individual a cada animal, estas instalaciones sirven también como herramienta de sensibilización, al visibilizar el impacto que tienen las capturas y el tráfico de especies sobre la biodiversidad, y al recordar que muchas de estas tortugas nunca deberían haber salido de su medio natural.
Una problemática extendida: tortugas en casas particulares
El caso de Alella no es un hecho aislado, sino que refleja una realidad muy extendida en España y, en general, en el sur de Europa: la presencia de tortugas mediterráneas en domicilios particulares sin la documentación adecuada. Muchos de estos animales han llegado a las casas hace décadas, cuando su venta era frecuente y apenas existía conciencia ambiental.
Su carácter aparentemente inofensivo y su longevidad extraordinaria han contribuido a que pasen de mano en mano dentro de las familias, sin que se haya regularizado su situación legal. En otros casos, proceden de adquisiciones más recientes en circuitos ilegales o de recogidas espontáneas en el campo.
Una práctica especialmente problemática es la liberación incontrolada de ejemplares en el medio natural por parte de particulares que ya no pueden o no quieren hacerse cargo de ellos. Aunque a primera vista pueda parecer un gesto «amable» hacia el animal, en realidad supone un riesgo para las poblaciones silvestres, ya que puede introducir enfermedades, alterar la genética de los núcleos autóctonos o desajustar el equilibrio ecológico.
Las autoridades ambientales insisten en que, ante la posesión de una tortuga mediterránea sin papeles, la opción responsable es consultar con los servicios competentes o con centros de recuperación para encontrar una solución adecuada, en lugar de abandonarla o soltarla en cualquier espacio natural.
Casos como el de Alella ponen de relieve la importancia de la colaboración ciudadana a través de avisos y denuncias, que permiten detectar situaciones irregulares y activar los mecanismos de protección previstos para especies tan sensibles como la tortuga mediterránea.
La intervención de cuatro tortugas mediterráneas en una vivienda de Alella y su posterior traslado a Torreferrussa vuelve a poner el foco en la delicada situación de esta especie en peligro de extinción y en la necesidad de respetar la normativa que regula su tenencia. La actuación del SEPRONA, impulsada por una alerta vecinal, evidencia que el control de la fauna protegida pasa tanto por la vigilancia de las autoridades como por la responsabilidad individual de quienes conviven con estos animales o detectan posibles irregularidades.
