- Pareja de origen alemán acusada de gestionar un criadero ilegal de quelonios protegidos en una finca de Llucmajor
- Más de 1.000 tortugas y galápagos intervenidos, valorados en torno al medio millón de euros
- Intermediación de un comerciante de reptiles de Barcelona en la compraventa de especies incluidas en el Convenio CITES
- Fiscalía les atribuye delitos contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales, con penas de hasta cinco años y medio de prisión
El caso del criadero ilegal con más de 1.000 tortugas protegidas en Llucmajor ha llegado a la fase clave en la Audiencia Provincial, con varios testigos relatando cómo funcionaba una supuesta red de cría y comercio de especies amenazadas en Mallorca con ramificaciones en Barcelona. Lo que comenzó con la intervención de un paquete con ocho tortugas ha destapado una infraestructura compleja de instalaciones, envíos y movimientos de dinero que, según la Fiscalía, habría funcionado durante años al margen de la normativa.
En el banquillo se sientan una pareja de origen alemán y el propietario de una tienda de reptiles de Barcelona, a quienes el Ministerio Fiscal atribuye delitos contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales. Los investigadores del Seprona describen una finca adaptada casi por completo a la cría, reproducción y compraventa de quelonios, con centenares de ejemplares de especies protegidas y una facturación presuntamente muy superior a los ingresos declarados.
El criadero ilegal en la finca de Llucmajor
Según el escrito de acusación, en torno a 2018 la pareja mantenía en una finca alquilada en Llucmajor un amplio criadero de tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, además de diversos galápagos. Muchas de estas especies estaban catalogadas como protegidas o amenazadas, amparadas por el Convenio CITES que regula el comercio internacional de fauna y flora silvestres.
Durante los registros practicados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, los agentes localizaron peceras, piscinas exteriores y zonas de tierra habilitadas para albergar a los animales. El instructor de la investigación ha explicado que el registro en la finca comenzó a las nueve de la mañana y se prolongó hasta la madrugada, dada la gran cantidad de ejemplares y recintos que había que inspeccionar.
Uno de los guardias civiles ha recordado que, a simple vista, en la propiedad podían contabilizarse hasta 2.000 ejemplares de tortugas y galápagos, aproximadamente la mitad sujetos a algún tipo de protección. En distintos dispositivos, tanto en la finca como en otros inmuebles vinculados a los acusados, se intervinieron en conjunto más de 1.000 ejemplares vivos de alrededor de 70 especies diferentes.
Los agentes también describieron cubetas llenas de tortugas a pleno sol, algo que les llamó la atención por el posible sobrecalentamiento del agua. Aun así, varios de ellos han señalado que, en términos generales, el estado de los animales en el momento de la entrada y registro era correcto, aunque se localizó algún ejemplar muerto entre el conjunto.
La valoración económica global de las tortugas interceptadas, junto con las crías procedentes de huevos decomisados, se ha cifrado en torno al medio millón de euros. Esta estimación es una de las bases de la acusación para sostener que existía un negocio de envergadura y con importantes beneficios económicos.
Infraestructura de cría y reproducción de especies protegidas
Los testimonios de los agentes del Seprona han dibujado una finca completamente orientada a la cría intensiva de quelonios. En la planta baja de la vivienda se localizaron peceras y piscinas con tortugas acuáticas, así como una zona habilitada para las tortugas terrestres, con recintos diferenciados según el tipo de especie.
En la primera planta de la casa se hallaron incubadoras y grandes frigoríficos con la temperatura cuidadosamente regulada. Según el instructor, los acusados controlaban las condiciones térmicas para determinar el sexo de las crías, produciendo machos o hembras en función de los parámetros fijados, una práctica conocida en la cría de reptiles.
En la planta superior aparecieron terrarios con humedad y temperatura ajustadas a las necesidades de especies concretas, lo que, para los investigadores, demuestra un nivel de especialización y dedicación profesional a esta actividad. Además, se localizaron anotaciones, listados de especies, cantidades y precios, que hacen pensar en una contabilidad casera del negocio.
El Seprona también ha destacado el alto consumo de agua y electricidad de la finca, con facturas que rondaban los 600 a 1.000 euros mensuales en agua y elevados importes en luz, además de un alquiler cercano a los 1.000 euros. Para la Guardia Civil, estos gastos no cuadran con el sueldo declarado de la acusada, de unos 11.000 euros anuales como auxiliar veterinaria.
Entre el material intervenido se encontraron folios con nombres de personas, listados de ejemplares y sumatorios de precios. El instructor ha señalado que, a partir de estas anotaciones, calculan que los beneficios obtenidos en los últimos años superaban los 500.000 euros, frente a unos 60.000 euros de ingresos justificados, lo que refuerza la tesis de un flujo económico opaco ligado al comercio de especies.
El papel de la pareja acusada
En el centro del procedimiento se encuentra una pareja de nacionalidad alemana, presuntos responsables directos del criadero. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos cinco años y medio de prisión, además de multas que superan el millón y medio de euros y la obligación de hacer frente a indemnizaciones conjuntas que rebasan los 200.000 euros.
Según la versión del Ministerio Público, ambos mantenían en la finca de Llucmajor una actividad de cría, reproducción y venta de tortugas sin autorización y sin estar registrados como criadores en los organismos competentes. Un investigador del Seprona ha subrayado que el principal acusado no figuraba como criador legal, no estaba empadronado, no tenía propiedades a su nombre y carecía de actividad laboral conocida en la Seguridad Social.
En cuanto a la acusada, la Guardia Civil sostiene que no era una mera acompañante, sino que participaba activamente en la actividad ilícita. Los agentes han aportado conversaciones telefónicas en las que ella se refería a su pareja como criador, enviaba listados de ejemplares y precios a potenciales compradores y remitía fotografías de tortugas a clientes interesados.
Preguntados en sala, los investigadores han relatado que la encausada admitía en los mensajes que su novio había convertido su afición por los reptiles en su profesión y forma de vida. Además, se le atribuyen gestiones de envío y recepción de animales, transferencias bancarias y manejo de dinero en efectivo, todo ello vinculado presuntamente al negocio del criadero.
La acusación mantiene que la pareja gestionaba también ingresos en efectivo sin justificar, que alcanzarían los 300.000 euros en cinco años, frente a los 60.000 euros declarados. A juicio del Seprona, una actividad de este volumen encaja con lo que describen como un tráfico de especies protegidas en auge, un tipo de delincuencia que, según los agentes, genera grandes beneficios con un riesgo penal menor que el de otros delitos como el narcotráfico.
El intermediario de Barcelona y la red de envíos
El tercer procesado es el propietario de una tienda de reptiles en Barcelona, acusado de actuar como intermediario en la compraventa de las tortugas y galápagos criados en la finca de Llucmajor. Para él, la Fiscalía solicita una pena de dos años de cárcel, al considerar que facilitaba las operaciones de compra y venta con terceros y, en ocasiones, adquiría él mismo algunos ejemplares.
La investigación se desencadenó a raíz de la intercepción de un paquete con ocho tortugas remitido desde la tienda barcelonesa a la pareja de Llucmajor, dentro de una operación más amplia contra el tráfico de animales protegidos. A partir de ese envío, sin registro oficial ni documentación acreditativa, los agentes del Seprona centraron el foco en la finca mallorquina.
El comerciante de reptiles alegó que esas tortugas se habían enviado por amistad y sin ánimo de lucro, pero los investigadores vinculan ese y otros envíos con una dinámica de compraventa sistemática. En la tienda y el domicilio del intermediario se decomisaron 58 ejemplares adicionales, también incluidos en el procedimiento.
El Ministerio Fiscal sostiene que el propietario del comercio coordinaba las operaciones de compra y venta de animales a clientes nacionales e internacionales, gestionando contactos, precios y logística. La acusación considera que su papel fue clave para dar salida a las tortugas criadas en Llucmajor, conectando el criadero con el mercado especializado.
La trama descrita en sala apunta a un flujo constante de envíos entre Mallorca, Barcelona y otros destinos, en algunos casos sin la documentación CITES pertinente ni permisos de transporte de animales vivos, lo que, según la acusación, refuerza la tesis de un circuito comercial paralelo al legal.
Detección del caso: registros y testimonios
Durante el juicio, varios agentes de la Guardia Civil han relatado cómo se desarrollaron los registros en la finca de Llucmajor y en otros puntos relacionados con los acusados. Uno de ellos ha recordado que el principal procesado se mostró muy nervioso y poco colaborador al inicio de la entrada, quejándose de la labor del intérprete y adoptando una actitud de disgusto.
Con el paso de las horas, y ante la magnitud del dispositivo y el número de animales hallados, el acusado habría cambiado de tono. Un agente ha señalado que acabó entendiendo que le convenía colaborar para agilizar las diligencias, después de que se le explicara que su comportamiento debía adecuarse a las indicaciones de los investigadores.
En otra línea de prueba, un transportista de una empresa de logística declaró que, de vez en cuando, la pareja recibía palets con ratones congelados, algo que le resultó llamativo. El testigo dedujo que estos productos se utilizaban para alimentar a los animales, aunque ha dejado claro que nunca llegó a trasladar ejemplares vivos y que para ello serían necesarios permisos específicos.
El mismo profesional reconoció haber gestionado en una ocasión el envío de una caseta o pequeño vivero hacia la finca, para lo que se precisó un camión grúa. Este tipo de movimientos refuerza la idea de que los acusados invertían en infraestructuras destinadas a ampliar o mejorar las instalaciones para los reptiles.
En paralelo, un responsable del centro de conservación animal donde fueron alojados los ejemplares intervenidos en la tienda de Barcelona explicó que, en la actualidad, casi todos esos animales han muerto. Según su testimonio, solo sobreviven una tortuga y dos salamandras, lo que pone de relieve las dificultades de mantener a largo plazo a estos ejemplares incautados en condiciones óptimas.
Delitos imputados y contexto legal
La Fiscalía atribuye a la pareja y al comerciante de Barcelona un delito contra la fauna, otro de contrabando y un tercero de blanqueo de capitales. La acusación se fundamenta tanto en el número de ejemplares intervenidos como en su carácter protegido, el volumen económico estimado y la supuesta ocultación del origen del dinero generado.
El componente de delito contra la fauna se vincula al mantenimiento, cría y comercio de especies incluidas en el Convenio CITES sin las autorizaciones y registros obligatorios. En Europa, este tipo de infracciones se consideran especialmente graves cuando afectan a especies amenazadas y se realizan con fines comerciales.
En cuanto al contrabando, la acusación se apoya en la existencia de movimientos de ejemplares y productos relacionados al margen de los controles administrativos, con envíos que no constaban en ningún registro oficial. La intercepción del paquete con tortugas y la falta de documentación en determinados traslados refuerzan esta línea.
El presunto blanqueo de capitales se vincula a los ingresos en efectivo sin justificación, las anotaciones de ventas y la aparente desproporción entre el nivel de vida de la pareja y sus ingresos declarados. Para la Fiscalía, habría existido una maniobra para integrar en el circuito económico legal el dinero procedente del comercio ilegal de fauna.
Este procedimiento se enmarca en un contexto europeo en el que el tráfico de especies protegidas es una de las principales amenazas para la biodiversidad. Organismos comunitarios y cuerpos policiales de diferentes países alertan desde hace años del auge de estas redes, que abarcan desde aves exóticas hasta reptiles de alto valor en el mercado especializado.
Todo el caso del criadero ilegal de Llucmajor ilustra cómo, detrás de una finca aparentemente discreta, puede operar una actividad organizada de cría y comercio de tortugas protegidas, con conexiones comerciales, logística específica y un importante volumen económico. Las declaraciones de agentes, testigos y peritos, junto con los más de 1.000 ejemplares intervenidos y la documentación incautada, serán ahora valoradas por el tribunal para determinar si la pareja y el intermediario barcelonés incurrieron en los delitos de los que se les acusa o si, por el contrario, logran rebatir una de las causas más relevantes en España en materia de tráfico de fauna protegida en los últimos años.
