- COAG Altiplano de Granada exige a la Junta control del zorro en la Sierra de Castril.
- Más de cien ovejas desaparecidas en 2023 y unas 70 pérdidas en 2024 pese a reforzar mastines.
- El control cinegético no se realiza desde 2013 y la promesa de retomarlo en 2024 no se cumplió.
- Impacto económico y social creciente en la ganadería extensiva y petición de medidas inmediatas.
COAG Altiplano de Granada ha vuelto a alzar la voz ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para reclamar un control del zorro en la Sierra de Castril tras una nueva oleada de ataques a rebaños ovinos. La organización agraria denuncia que la situación se arrastra desde hace años y que las pérdidas en explotaciones extensivas siguen acumulándose.
Los datos que manejan los ganaderos son contundentes: en 2023 se registró la desaparición de más de un centenar de animales, en 2024 el balance rondó los alrededor de 70 corderos y en el presente año el patrón se repite. Todo ello, pese a haber reforzado la vigilancia con perros mastines y otras medidas preventivas sufragadas por el propio sector.
Ataques reiterados y respuesta administrativa
En el ejercicio de 2023, la respuesta oficial, según COAG, se quedó en apoyo burocrático, mientras los costes de contención y vigilancia recayeron en los ganaderos, con ayuda puntual de ayuntamientos y sociedades de cazadores. Para el sector, no fue suficiente para amortiguar la sangría de animales ni para prevenir nuevos incidentes.
La Junta de Andalucía se comprometió a reactivar el control cinegético del zorro, suspendido desde 2013, pero la medida no se materializó durante 2024. COAG considera que el incumplimiento ha dejado a las explotaciones en una situación de vulnerabilidad persistente y ha agravado la sensación de desamparo.
Exigencias de COAG y situación actual
La coordinadora comarcal reclama que la administración asuma sus competencias y lidere una actuación coordinada para reducir daños, en lugar de trasladar la carga a ganaderos y cazadores. Para la organización, hablamos de gestionar adecuadamente una especie silvestre dentro de un espacio natural protegido, no de externalizar responsabilidades.
Su representante, Clara Torreblanca, sostiene que los pastores llevan años cuidando del monte y necesitan apoyo real. Insiste en que no es de recibo que la protección del entorno recaiga solo en quienes, además, soportan pérdidas directas, más horas de vigilancia y un aumento de costes que compromete la viabilidad de las granjas.
Impacto económico y social en el Altiplano
Las consecuencias se notan en el bolsillo: la desaparición de corderos supone un golpe económico considerable en un contexto ya tensionado por la subida de costes de producción y la volatilidad de precios de venta. Cada animal perdido es margen que se evapora en explotaciones que funcionan con cuentas muy ajustadas.
Además, el refuerzo de la vigilancia —más perros mastines, rondas nocturnas y seguimiento de los rebaños— incrementa la carga laboral, complica la organización diaria y reduce el descanso. La factura no solo es monetaria: el estrés en el ganado y en las familias ganaderas se multiplica.
COAG advierte de un riesgo añadido: la falta de medidas puede desincentivar la ganadería extensiva en la comarca. Y eso repercute en el empleo, el tejido productivo local y la gestión sostenible del territorio, una tarea en la que el ganado cumple un papel clave para el equilibrio del paisaje y la prevención de incendios.
El debate sobre la gestión de fauna silvestre
El conflicto vuelve a poner sobre la mesa cómo compatibilizar convivencia entre fauna y pastoreo en parques naturales. Mientras las organizaciones agrarias reclaman un control efectivo de los daños, el enfoque ambiental recuerda el papel ecológico del zorro y la necesidad de un equilibrio poblacional que no degrade la biodiversidad.
COAG puntualiza que regular no es eliminar: se trata de ajustar densidades y actuar donde los perjuicios sean reiterados y significativos, con criterios técnicos y supervisión pública, evitando daños desproporcionados en explotaciones que sostienen el medio rural.
Qué pasos se reclaman
La organización urge un plan de control con calendario, seguimiento y coordinación con el sector: protocolos claros en zonas críticas, evaluación de resultados y refuerzo de medidas preventivas complementarias, desde cerramientos selectivos hasta apoyo a la vigilancia.
Si no hay respuesta inmediata, COAG no descarta elevar la presión con movilizaciones. El objetivo, insisten, es que la Junta ofrezca una solución operativa que proteja al ganado y al parque natural, y que devuelva certidumbre a unas explotaciones que llevan demasiado tiempo en el alambre.
Con los daños acumulados desde 2023, las promesas incumplidas y la presión sobre un sector clave en el Altiplano, el balón queda en el tejado de la administración: una actuación planificada y con rigor puede aliviar el conflicto y sostener el equilibrio entre conservación y actividad que demanda la Sierra de Castril.
